El presidente Donald Trump se comprometió a firmar una orden ejecutiva que buscará poner fin al derecho a la ciudadanía estadounidense para los niños de padres extranjeros nacidos en EU, una medida que ha suscitado numerosas críticas por ir contra de la Constitución y que fue rechazada por el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan.

El anuncio de Trump supone un aumento de su tono antiinmigración, en medio de la campaña de las elecciones legislativas del 6 de noviembre.

“Somos el único país en el mundo donde una persona viene y tiene un bebé, y el bebé es esencialmente un ciudadano de EU durante 85 años, con todos los beneficios”, indicó Trump en una entrevista con el diario digital Axios, donde dijo que esto “tiene que acabar”.

Lo cierto es que, más de 30 países, incluidos Canadá y México, tienen políticas similares.

Líderes demócratas y activistas de los derechos de los inmigrantes criticaron la promesa de Trump. Paul Ryan también rechazó la idea durante una entrevista de radio, diciendo que no es consistente con la Enmienda 14 de la Constitución.

“No puedes acabar con el derecho a ciudadanía por nacimiento con una orden ejecutiva”, consideró.

Ryan también recordó que a los republicanos tampoco les gustó cuando Barack Obama “intentó cambiar las leyes de inmigración valiéndose de la acción ejecutiva”.

Las palabras de Trump retoman una de sus propuestas contrarias a la inmigración de su campaña para los comicios presidenciales del 2016 y se une a otras medidas recientes como el envío de más de 5,000 militares a la frontera con México para hacer frente a la llegada de inmigrantes indocumentados.

Jess Morales Rocketto, presidenta del grupo Families Belong Together, denunció que la propuesta equivale a “limpieza étnica”.

Desde la Unión Americana de Derechos Civiles, Omar Jadwat ha acusado a Trump de “intentar sembrar división y agitar las llamas de odio contra los inmigrantes en los días previos a las elecciones”.

La mayoría de expertos constitucionales y de inmigración creen que la propuesta de Trump no tiene recorrido legal. Y pese a que dijo que asesores legales de la Casa Blanca estiman que puede alterarla unilateralmente con una orden ejecutiva, de hacerlo enfrentaría una batalla segura en los tribunales.