Río de Janeiro. La decisión era más que esperada. Un tribunal de apelación denegó los recursos presentados por el expresidente Lula da Silva contra una condena a más de 12 años de cárcel, comprometiendo las chances del líder de la izquierda tanto de volver al poder como de seguir en libertad.

La jurisprudencia brasileña autoriza a encarcelar a los acusados que hayan agotado las apelaciones en la segunda instancia, como ocurrió con Luiz Inácio Lula da Silva, de 72 años, presidente de la mayor economía latinoamericana del 2003 al 2010.

Pero el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) le garantizó la semana pasada que no sería detenido al menos hasta el 4 de abril, cuando el máximo tribunal reanude la discusión de un habeas corpus que podría permitirle mantener su libertad hasta que finalicen los recursos ante todas las instancias judiciales superiores. Un camino que puede tardar años en recorrerse y que empieza con el Supremo Tribunal de Justicia (tercera instancia) y puede llevarlo de vuelta ante el propio STF.

Tras el fallo del TRF4, Lula también estaría impedido de presentarse como candidato según la ley electoral brasileña, en momentos en que lidera los sondeos para las presidenciales de octubre.

Lula fue condenado el año pasado a 9 años y medio de cárcel por el juez de primera instancia Sergio Moro, como beneficiario de un apartamento de lujo de la constructora OAS, a cambio de su influencia para obtener contratos en Petrobras. Esa sentencia fue confirmada en enero y la pena elevada a 12 años y un mes de cárcel por el TRF4.

El caso se enmarca en el escándalo de sobornos a políticos revelado por la operación Lava Jato, la mayor investigación de corrupción en Brasil, que implicó a políticos de casi todos los partidos y arrastró a grandes constructoras como Odebrecht.

Lula enfrenta otros seis procesos judiciales. En todos se declara inocente y los atribuye a una conspiración de las “élites” para impedirle volver al poder.