Buenos Aires. El aborto seguirá en la agenda política de Argentina en los próximos días mediante un proyecto de reforma del código penal que evita las penas de cárcel para las abortistas y con el que el gobierno busca apaciguar al combativo movimiento feminista.

Luego de que un proyecto de legalización del aborto hasta las 14 semanas de embarazo fracasara el jueves en el Senado, el Ejecutivo enviará este mismo mes a la Cámara Alta un proyecto de reforma del código penal para despenalizar la práctica como una vía intermedia entre las dos posturas a favor y en contra que han dividido profundamente al país. Esa iniciativa de reforma, elaborada por un pánel de expertos a pedido del Ejecutivo, propondrá que un juez pueda eximir de pena a la mujer que realice un aborto, que según el código penal vigente puede llegar a ser de cuatro años de prisión.

“Buscamos un código que tenga en cuenta todos los intereses de la sociedad argentina”, dijo al canal Todo Noticias Mariano Borinsky, juez que preside una comisión de magistrados y fiscales a cargo de redactar el contenido del proyecto de reforma.

El magistrado indicó que el presidente Mauricio Macri va a presentar este proyecto al Senado el 21 de agosto y luego irá a trámite parlamentario.

Por un lado, explicó Borinsky, en casos de interrupción voluntaria del embarazo “a la mujer no se le va a aplicar una sanción, circunstancia que va a ser analizada por el juez en cada caso particular”.

La iniciativa contempla además la posibilidad de abortar en el caso de riesgo para la salud mental y cuando el embarazo haya sido producto de una violación.

Aunque en la actualidad se permite el aborto en los casos de violación y cuando hay riesgo para la vida o salud de la madre, el primero de los supuestos no se cumple en provincias conservadoras y por otro lado no están precisados cuáles son los casos de riesgo.