Washington. La decisión que tomó el presidente Trump de reducir drásticamente las solicitudes de asilo a los inmigrantes que huyen de sus respectivos países por varios motivos superó su primer obstáculo legal cuando un juez federal dijo que los grupos defensores de los migrantes no integraron en su queja una explicación sobre los efectos negativos (cuantificados) que traería la aplicación de la medida que ordenó el presidente.

El juez federal de distrito Timothy J. Kelly, de Washington, DC, rechazó una solicitud de los grupos defensores, con la que deseaban bloquear la medida durante 10 días, mientras se tramita su demanda.

Un segundo juez federal, en San Francisco, se encargará de evaluar una queja similar presentada por la American Civil Liberties Union y los grupos de derechos civiles.

Son las dos primeras sobre la nueva disposición ordenada por Trump, anunciada el 15 de julio, con la que intenta prohibir a los inmigrantes solicitar asilo en caso de que pasen a través de la frontera con México sin haber pedido asilo en ese país.

El giro afecta en mayor medida a los centroamericanos, ya que constituyen la gran mayoría entre los que solicitan asilo.

En el fallo emitido el miércoles, Kelly dijo que los que presentaron la demanda, la Coalición de Derechos de los Inmigrantes del Área de la Capital de Washington y Texas, no habían establecido que sus organizaciones sufrirían “un daño cierto, inmediato y grande” para justificar la detención de la nueva medida.