Washington. Ocho mexicanos se encuentran entre las 22 víctimas del tiroteo masivo del sábado en El Paso, y ahora el gobierno del presidente López Obrador se encuentra explorando una demanda inusual, buscar la extradición de un estadounidense por un crimen llevado a cabo en suelo estadounidense.

Según analistas, es poco probable que la extradición de un ciudadano estadounidense tenga éxito, debido a que las autoridades estadounidenses han comenzado un proceso penal contra el presunto tirador de 21 años.

“Al final del día, me sorprendería mucho que el gobierno de los Estados Unidos acepte” la extradición, dijo John B. Bellinger III, quien se desempeñó como asesor legal del Departamento de Estado bajo la administración de George W. Bush.

¿En qué consiste el acuerdo de extradición?

El tratado de extradición entre Estados Unidos y México obliga a cada país a entregar a los ciudadanos del otro país en que sean sospechosos de haber cometido un delito, según Bellinger.

“El verdadero obstáculo aquí es eso (...) Este tratado no requiere que el otro país extradite a sus propios ciudadanos “, dijo.

Sin embargo, el mayor obstáculo es que las autoridades estadounidenses ya iniciaron un proceso penal contra Patrick Crusius.

Los fiscales en El Paso han dicho que buscarán la pena de muerte contra el presunto tirador.

El derecho internacional prohíbe a dos países juzgar a un sospechoso por el mismo delito.

Y, dado el rechazo de México a la pena de muerte, el presunto pistolero, si es encontrado culpable, pagaría un precio más alto en Estados Unidos.

“En la mayoría de los casos, si se comparan las leyes entre países (...) quieres asegurarte de que (el sospechoso) se enfrenta a las penas más severas “, dijo James  Gagliano, un agente retirado del FBI.

El Departamento de Estado declinó hacer comentarios sobre la idea de que México busca la extradición de Crusius, pero refirió que “nos mantendremos en estrecha comunicación con el gobierno de México”.

La petición de la extradición es en gran medida simbólica, dijo el profesor de derecho de Stanford Allen Weiner. ”El gobierno hace una declaración para su propia población, le dice que se toma en serio los delitos cometidos contra los mexicanos”, dijo.