Tras una inédita ola de saqueos y protestas populares, las más extendidas en 11 años de gestión sandinista, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, cedió y anunció la derogación de una polémica reforma con ajustes al seguro social que detonó los repudios hace cinco días con un saldo de, al menos, 25 muertos.

En un mensaje por cadena nacional, el líder sandinista dijo que la decisión buscaba “facilitar la discusión y el diálogo amplio” entre el gobierno, trabajadores, empleadores y “que se restablezca la paz”. El mandatario aseguró que el consejo directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que sancionó el 14 de abril la cuestionada reforma, ahora la estaba “revocando, o sea, cancelando”.

El cambio anulado implicaba una reforma al sistema de asistencia previsional, que aumentaba hasta en 22.5% las cuotas de trabajadores y patrones al seguro social, que paga las pensiones, y disponía una rebaja de 5% a las jubilaciones de miles de nicaragüenses. Dos días más tarde, las protestas populares estallaron en todo el país y recrudecieron en las últimas horas con expresiones como “Libertad” y “No te dejes pueblo, tenemos que levantarnos”. La escalada de tensión llegó a tal punto que generó la reacción de la ONU, el papa Francisco, los gobiernos de la mayoría de los países de América y organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional.

Este domingo, antes de la marcha atrás de Ortega, el caos seguía envolviendo a Managua, con cientos de heridos y detenidos por la represión y saqueos como el del Mercado Oriental, el más grande del país. Las protestas se extendían también contra supuestos fraudes electorales, alzas de los combustibles, impunidad policial, muertes sin explicación de campesinos opositores.