La presidenta Dilma Rousseff prepara una batalla para evitar un juicio político en un Congreso ampliamente fragmentado en medio de un escándalo de corrupción y la peor recesión de Brasil en décadas.

El líder de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, un fuerte enemigo de la presidenta, presentará oficialmente el jueves 3 de diciembre un procedimiento para llevarla a juicio político, que podría terminar en su eventual destitución. Cunha reveló el miércoles 2 de diciembre que Rousseff habría violado leyes de responsabilidad fiscal.

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"No hay una guerra entre nosotros. Lo que existe es la incapacidad de un Poder Ejecutivo que no puede gobernar. No hay ataques personales", dijo Cunha.

Existen riesgos para la mandataria de la economía más grande de América Latina: su popularidad está por el suelo en niveles no vistos desde 1985, cuando terminó la dictadura militar; y aunque los analistas consideran que sería difícil reunir el apoyo de más de dos tercios en la cámara baja para que el proceso pase al Senado, la opinión popular es un factor importante y el oficialismo no está bien consolidado en el Congreso.

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"Tendrá que luchar con todas sus fuerzas para evitar ser destituida por el Congreso", dijo Eliane Catanhede, una columnista de Estado de S. Paulo. "Dependerá de un Partido de los Trabajadores dividido y una base aliada que no es nada fiable", agregó.

Miembros del Partido de los Trabajadores indicaron que apelarán la apertura del proceso ante la Suprema Corte alegando que Cunha abusó de su poder. Rousseff reunió a su gabinete la mañana del jueves 3 de diiembre, presuntamente para planear una estrategia.

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Cunha dará el jueves a los 29 partidos que integran la cámara de diputados 48 horas para sugerir a los miembros que formarán parte de una comisión especial que decidirá si el juicio político avanza al pleno de la cámara baja.

Especialistas dicen que en este momento parece poco probable que los diputados aprueben el procesamiento ya que se requieren dos tercios de la cámara integrada por 513 miembros. Si fuera aprobado, Rousseff sería inhabilitada temporalmente por un máximo de seis meses y su vicepresidente Michel Temer asumiría el poder. Después el Senado tendría que votar para destituir a Rousseff de manera permanente.

Rousseff rechazó la noche del miércoles las acusaciones. "Son inconsistentes e improcedentes las razones que fundamentan esta solicitud. No cometí ningún acto ilícito", expresó la presidenta.

Aunque Rousseff fue reelegida en noviembre de 2014, su imagen ha sufrido a consecuencia del escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras. La mandataria no ha sido acusada personalmente en el esquema de sobornos.

Cunha, por otro lado, ha sido acusado de recibir millones en sobornos en el mismo caso. Los fiscales alegan que Cunha tiene al menos cinco millones de dólares ocultos en cuentas bancarias en Suiza y se cree que podría ser arrestado en cualquier momento.

"La decisión de Cunha refleja la desesperación de un hombre que enfrenta acusaciones de corrupción y está dispuesto a utilizar cualquier medio, hasta el chantaje y la violación de principios democráticos, para mantenerse en el poder y satisfacer sus deseos", dijo Jaques Wagner, jefe del gabinete de Rousseff.

Una comisión de ética de la Cámara de Diputados debate si Cunha debe ser investigado y reemplazado como líder debido a la investigación de corrupción. Cunha anunció que abriría el proceso de juicio político unas horas después de que legisladores del Partido de los Trabajadores indicaron que votarían contra Cunha.

El Partido del Movimiento Democrático Brasileño de Cunha es el aliado más fuerte de la coalición gobernante de Rousseff, aunque Cunha y algunos otros miembros se han alejado claramente del gobierno en los últimos meses.

Mientras tanto, miembros de la oposición respaldaron la decisión de Cunha.

"No es un golpe de Estado. Estamos hablando de un mecanismo que existe en nuestra constitución", dijo el senador Aécio Neves, quien perdió por un margen estrecho en las elecciones presidenciales de 2014.

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