La implementación del acuerdo nuclear de Estados Unidos e Irán el 16 de enero llegó con un bono importante: la liberación por parte de Teherán de cuatro ciudadanos estadounidenses que mantenía encarcelados, incluyendo al corresponsal de The Washington Post, Jason Rezaian.

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Los estadounidenses fueron intercambiados por siete personas acusadas o condenadas por crímenes en Estados Unidos y el abandono, por parte del gobierno de Washington, de 14 casos cuya detención se había solicitado. Rezaian, que estuvo preso durante 544 días, no cometió ningún crimen y nunca debió de haber sido arrestado. Él no era un convicto, sino un rehén político. Su liberación y la de los otros estadounidenses pone fin a una gran injusticia.

Cuando Rezaian, ciudadano con nacionalidad estadounidense e iraní de 39 años de edad, nacido y criado en California, fue sustraído de su casa con su esposa iraní, Yeganeh Salehi, el 22 de julio del 2014, Irán había recientemente ampliado con Estados Unidos un acuerdo provisional sobre su programa nuclear.

Mientras continuaron las negociaciones, Rezaian languidecía en la famosa prisión de Evin, en Teherán. Las autoridades judiciales violaron las propias leyes de Irán, entre otras cosas, al retener al reportero del Post durante meses a menudo en régimen de aislamiento antes de presenta algún cargo en su contra, sin permitirle prácticamente ningún contacto antes del juicio con su abogado defensor, ni informarle a él o a su abogado sobre el veredicto o sentencia después de que terminó el juicio simulado en agosto pasado, haciendo caso omiso de una fecha límite para su liberación ante la ausencia de una condena pública.

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Las autoridades judiciales eran expertas, sin embargo, en hacer anuncios o montar audiencias durante los periodos sensibles de las negociaciones nucleares. Una de las audiencias se llevó a acabo el día antes de la finalización del pacto final del 14 de julio. Las autoridades emitieron declaraciones contradictorias sobre el estado del periodista, a veces declarando que había sido declarado culpable y condenado por cargos de espionaje; mientras que otras decían que el caso seguía abierto. La explicación más honesta de su encarcelamiento se produjo en los recuentos de los medios de comunicación que lo acusaron de conspirar para mejorar las relaciones entre Estados Unidos e Irán, algo que el líder supremo Ali Khamenei ha jurado evitar.

Es poco probable que la liberación de Rezaian y de sus compatriotas Amir Hekmati, Saeed Abedini y Nosratollah Khosravi-Roodsari altere la política y las transgresiones de Irán ante el derecho internacional. La Agencia Internacional de Energía Atómica certificó el 16 de enero que Irán había cumplido con los requisitos iniciales del acuerdo nuclear, incluyendo el envío de 25,000 libras de uranio enriquecido fuera del país y puso en almacenamiento miles de centrifugadoras. Esto le permitió al gobierno de Hassan Rouhani tener acceso a miles de millones de dólares en activos congelados, así como el levantamiento de sanciones contra los bancos del país y la industria petrolera antes de las elecciones parlamentarias del próximo mes de febrero.

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Sin embargo, desde que se firmó el acuerdo nuclear, Irán ha violado en dos ocasiones la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que prohíbe las pruebas de misiles de largo alcance. Además, sigue reteniendo al menos a un estadounidense, el empresario Siamak Namazi, mientras que el exagente del FBI, Robert Levinson, sigue desaparecido. Teherán liberó por separado a una estudiante detenida el 16 de enero pasado; posiblemente debido a su interés en completar el canje de prisioneros. La respuesta de la administración de Obama ha sido débil: retiró las modestas sanciones que había preparado en respuesta a los lanzamientos de misiles.

El Post y la familia de Rezaian celebrarán su regreso seguro y el de los otros estadounidenses. Pero en ausencia de una política estadounidense más firme, los ataques de Irán sobre los estadounidenses y sobre los intereses vitales de Estados Unidos, sin duda, continuarán.