El 28 de enero, un grupo bipartidista de senadores, entre ellos los republicanos John McCain y Marco Rubio, planteó una serie de políticas que incluyen a grosso modo: un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados que están en EU a través de ciertas mejoras en el seguimiento de visas y la seguridad migratoria; reformas del sistema de inmigración para quienes llegan al país a hacer negocios, y la aceleración en trámites de residencia legal para graduados universitarios con títulos avanzados en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas; un sistema de verificación para todos los empleadores para confirmar la legalidad de los empleados, y la mejora de las opciones de visa de trabajo para los trabajadores poco calificados, entre ellos un programa de trabajadores agrícolas.

El presidente estadounidense, Barack Obama, parece tener en mente un marco legal más o menos similar al presentado por los senadores; sin embargo, con un creciente debate sobre los detalles acerca las mejoras y los procedimientos que llevarán a la ciudadanía a los indocumentados, no es claro cuándo quedará definida la llamada reforma migratoria integral. El Mandatario amenazó con empujar su propia visión de tal reforma si los legisladores no llegan a un acuerdo al respecto.

FUERZA LABORAL

Con una población cercana a los 11 millones de inmigrantes ilegales que radican en EU, la mayoría de ellos mexicanos -cerca 7 millones-, de acuerdo con cifras de The Washington Post, la reforma migratoria es un tema urgente en la agenda doméstica de Obama, no sólo por el peso económico que representa su fuerza laboral, sino por la marcada relevancia política de este sector, que quedó de manifiesto en su última reelección en noviembre del año pasado al darle la victoria sobre su contendiente republicano, Mitt Romney, así como en la notoria caída en picada del Partido Republicano en cuanto a su preferencia dentro de las llamadas minorías.

No obstante que esta reforma compite en interés con nuevas leyes para el control de armas y el precipicio fiscal, el que esta reforma sea vista como uno de los grandes pendientes de la administración de Obama incrementa la necesidad de definir urgentemente cuáles son tales medidas y sus alcances.

Si bien el acuerdo pendiente sobre el precipicio fiscal y la nueva legislación sobre las armas de fuego son una loza para los legisladores y Obama, para muchos quedó claro tras las elecciones que los votantes latinos son el presente en la generación de las políticas en Estados Unidos y aplazar el acuerdo tema cobraría una elevadísima factura para cualquiera, ya sea demócrata o republicano, en caso de no lograrse la resolución en la primera parte del 2013, antes de que Obama abandone Washington para iniciar con su agenda de política exterior en el último cuarto del año.

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