La corrupción que gangrena a Haití es denunciada en los discursos oficiales, pero a pesar de varias investigaciones a exministros, los procesos judiciales se hacen esperar y esta enraizada práctica continúa creciendo sin problemas.

Haití figura todos los años en la lista de los peores alumnos de la clase en los informes que realizan tanto la ONG Transparencia Internacional, sobre la percepción de la corrupción, como la revista Forbes, sobre el clima de negocios.

El presidente Jovenel Moïse se ha declarado dispuesto a combatir la corrupción.

“Bajo todas sus formas, la corrupción gangrena y atrofia la economía. Ha fragilizado profundamente las bases políticas y desestabilizado el tejido social del país: es un crimen contra el desarrollo”, dijo ante la asamblea general de las Naciones Unidas, reunida en septiembre pasado.

Esas intenciones podrían haberse concretado tras la publicación, en noviembre, de un informe parlamentario en el que se acusa a 15 exministros de haber estado implicados en una “estafa a gran escala” entre el 2010 y el 2016.

En más de 600 páginas, el documento detallaba posibles irregularidades y sospechas de ilegalidades en la gestión de los fondos de “Petrocaribe”, un programa de créditos vinculado a las compras de hidrocarburos venezolanos lanzado por el fallecido presidente de ese país, Hugo Chávez, en favor de una decena de naciones del Caribe y América Latina.

“Se sabe perfectamente que hubo mala gestión, ya que más de 2,000 millones de dólares fueron gastados y esas sumas no aparecen en el crecimiento del país”, analiza el economista haitiano Kesner Pharel.

Pero es muy probable que este último informe parlamentario no tenga ninguna consecuencia judicial, como sucedió con el anterior, del 2016, que ya había cuestionado el comportamiento de una quincena de actores políticos sin que ello diera lugar a proceso alguno.

¿Complicidad del parlamento?

“La negativa del Parlamento a pronunciarse sobre el informe de una comisión sobre la corrupción da una muy mala imagen”, comenta Pharel.

“Es como si hubiera una suerte de complicidad: no querer atacar a quien ocupa el poder para que él no nos ataque cuando lo ocupemos nosotros. Es malísimo que esa cultura se desarrolle”.

“Existen incluso proverbios que reflejan exactamente esta tendencia, como ‘vole leta pa vole’, expresión creole que significa ‘quien roba al Estado no es un ladrón’”, lamenta el presidente del Senado Youri Latortue.