Nueva Orleans. En semanas recientes, el gobierno de Obama ha tratado de distanciarse de BP en el manejo del derrame del Golfo de México, pero con una notable excepción: cuando se trata de evaluar los daños al Golfo, ambas partes trabajan codo con codo.

¿Su meta común? Calcular lo incalculable, o sea cuánto costará restablecer el Golfo a su condición anterior.

Pero esta cercana colaboración entre autoridades federales y estatales y la petrolera británica, que sería rutina bajo condiciones normales bajo un procedimiento conocido como Evaluación de Daños a Recursos Naturales, NRDA, empieza a generar preocupación entre legisladores y ambientalistas.

Quiero que esto (la evaluación) sea independiente, por la credibilidad de la información , dijo el senador Ben Cardin, demócrata de Matyland, quien como Presidente del Subcomité del Medio Ambiente de la Cámara Alta iniciará audiencias este mes.

El método de colaboración, establecido por la Ley de Contaminación Petrolera de 1990, señala un cambio notable de la estrategia adoptada en el derrame del Exxon Valdez en 1989, cuando el gobierno mantuvo a la empresa a la distancia. Exxon contrató sus propios expertos y embarcaciones, siguiendo a funcionarios de gobierno a distancia para comprobar con sus propios muestreos las pruebas oficiales que se realizaban.

Stan Senner, quien encabezó las tareas de recuperación en Alaska tras el derrame del Valdez y hoy encabeza la ONG Ocean Conservancy, dice que la presente colaboración seguramente terminará una vez que el gobierno exija un estudio de fondo sobre cómo el accidente transformó el Golfo.