Más de un centenar de organismos civiles pidieron este martes al presidente de Estados Unidos Barack Obama que use su poder ejecutivo para indultar a miles de inmigrantes con delitos menores a fin de evitarles el riesgo de ser deportados por el próximo gobierno federal.

En una misiva abierta publicada en el diario The New York Times, los grupos expresaron que el perdón incluiría a aquellos migrantes con documentos, ya sea residentes legales o portadores de permisos de trabajo, que hayan cometido faltas mínimas como usar el metro sin pagar.

La misiva precisó que el indulto no abarcaría a inmigrantes indocumentados, debido a que no podría cambiarse con una decisión ejecutiva su estatus migratorio, sino a aquellos que se encuentran legalmente en el país pero que hubieran cometido alguna falta menor.

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Para los inmigrante legalmente presentes que ya tienen un estatus, pero que enfrentan el riesgo de la deportación en base en antiguas convicciones menores, un perdón presidencial podría ofrecer una protección duradera contra la deportación que no podría ser revertida por un presidente futuro , asentó.

La carta pide al presidente perdonar las consecuencias de esas convicciones por delitos menores a fin de garantizar que estas personas puedan permanecen en el país con sus familias y sus comunidades.

El perdón presidencial podría beneficiar a entre 100,000 y 200,000 familias en Estados Unidos, de acuerdo con los organismos firmantes.

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Apuntaron que la medida tiene precedentes históricos, y que los perdones que beneficien a grupos específicos han sido empleados por presidentes estadounidenses, desde Abraham Lincoln hasta James Carter.

El perdón de Carter benefició a casi medio millón de hombres que violaron las leyes de reclutamiento al ejército a fin de evadir participar en la guerra de Vietnam. Ese perdón protegía a los beneficiados no sólo de un proceso judicial sino de cargos de índole migratoria.

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La misiva difundida este martes fue firmada por 102 organismos, entre los que destacan el Centro para los Derechos Constitucionales; el Proyecto para la Defensa de los Inmigrantes; el Centro de Recursos Legales del Inmigrante; y el Centro Nacional de Justicia para los Inmigrantes, entre otros.

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