Bogotá. Ha pasado casi un año desde la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero las autoridades no han logrado proteger a la población ni dar respuesta a las nuevas amenazas.

“El conflicto armado sigue siendo en gran medida una realidad para millones de personas en todo el país”, dijo Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, en una conferencia de prensa en Bogotá.

Amnistía Internacional llamó especialmente la atención sobre el selvático y convulso departamento de Chocó, en el Pacífico, donde el Ejército de Liberación Nacional, la principal guerrilla colombiana tras el desarme de las FARC, sigue disputándose el territorio con bandas criminales dedicadas al narcotráfico.

En el Chocó, donde 60% de la población es víctima del conflicto, miles de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares por esa violencia, desplazándose en ocasiones a zonas con presencia también de grupos armados, según la organización, que destacó la muerte de decenas de defensores de derechos humanos desde la firma del acuerdo de paz.

“Las múltiples dificultades que entraña implementar este acuerdo de paz no pueden servir de excusa al Estado para no tomar medidas encaminadas a hacerlo efectivo y mantener a salvo a la población”, insistió Shetty.