El gobierno peruano exigió este viernes a la Interpol acelerar la activación de la alerta roja a nivel mundial para capturar al ex presidente Alejandro Toledo sobre quien pesa una orden de prisión preventiva por presuntamente recibir millonarios sobornos de la brasileña Odebrecht.

Ofreció a su vez una recompensa de 30,000 dólares a quien brinde datos certeros sobre el paradero de Toledo, un día después que un juez dio luz verde al pedido de un fiscal anticorrupción para arrestar al exgobernante.

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Se cree que Toledo estaría en París, desde donde se comunicó con una televisora local el domingo o en California donde es académico invitado en la Universidad de Stanford.

"Hasta las 12:00 GMT del viernes no se ha difundido la notificación roja", se quejó el Ministerio del Interior en un comunicado. "Se invoca a la Interpol a actuar con la mayor celeridad posible ante alto riesgo de fuga en caso Toledo".

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La entidad ministerial colocó en su página de internet la fotografía del ex presidente en la lista de recompensas y en la que figuran los delincuentes prófugos más notorios del país.

En la víspera, un juez ordenó la captura y prisión preventiva por 18 meses de Toledo, de 70 años, a quien la fiscalía acusa de recibir 20 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para ayudarle a obtener una licitación para construir una carretera clave que une el estado brasileño de Acre y la costa del Pacífico de Perú.

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La fiscalía acusa a Toledo (2001-2006) de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias tras obtener la confesión del colaborador y exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, quien es uno de los 77 ejecutivos de la constructora que han confesado en Brasil que Odebrecht repartió sobornos en Latinoamérica y África.

Toledo llegó a la presidencia tras luchar contra el gobierno de Alberto Fujimori, quien en el 2000 en el décimo año de su administración huyó a Japón, desde donde renunció al puesto, agobiado por los escándalos de corrupción. Ahora Fujimori, de 78 años, está preso en Lima y cumple una condena de 25 años por asesinato y corrupción.

erp