Montevideo. La jueza María Helena Mainard determinó prisión domiciliaria para la pareja de Pablo da Silveira, futuro ministro de Educación en el gobierno del presidente Lacalle Pou, ante el pedido de extradición de Panamá por una causa vinculada al lavado de activos.

La pareja de Da Silveira fue detenida el pasado miércoles en Colonia al intentar salir del país por tener una requisitoria de Interpol, y luego de declarar ante el fiscal Ricardo Lackner, se le determinó la prisión domiciliaria por 60 días.

La mujer trabajaba para una empresa que hacía pagos ilícitos a la empresa Odebrecht. Da Silveira estaba a punto de salir con su pareja hacia Argentina, cuando la mujer fue detenida al intentar hacer el trámite de migración.

Un documento de Interpol que forma parte del expediente judicial presentado ante Mainard, al que accedió El Observador, señala que la mujer está vinculada con una serie de empresas que eran “controladas por Odebrecht” y desde las que se realizaron “transacciones hacia Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Martinelli Linares”, hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal, y acusados de recibir sobornos de la constructora.

Entre las empresas mencionadas están Kleinfeld Services Ltd, Baxley Assets, Hadar Assets, Research Engineering and Development y Sherkson International, todas “inscriptas en Uruguay” y desde las que Odebrecht transfirió dinero “para realizar pagos ilícitos”.

Vinculada a la dirección de sobornos

La solicitud de detención fue realizada por Tania Iskra Sterling Bernal, la fiscal especial anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación de Panamá el 17 de abril del 2019.

El documento estipulaba que en caso de detenerla, Interpol debía solicitar la extradición “de conformidad con la legislación nacional aplicable”.

La mujer también aparece vinculada a la empresa Arcadex Corporation, con sede en Belice, la cual según un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos emitido en el 2016, era administrada por la División de Operaciones Estructuradas, la dirección de Odebrecht que se encargaba de los sobornos y de ocultar los pagos indebidos que se hacían a funcionarios y partidos políticos.

La Fiscalía Federal de Suiza la investigó durante el 2018 por “una diversidad de delitos, entre ellos blanqueo de capitales”, según consta en el registro judicial de mayo del 2018 de Panamá.