Washington.- El gobierno estadounidense anunció este martes una demanda contra la ley antiinmigrante del estado de Arizona porque considera que es anticonstitucional e interfiere con la autoridad federal.

"La Constitución y la ley federal no permiten el desarrollo de una mezcla de políticas migratorias estatales y locales en todo el país", explicó el gobierno en su demanda, presentada ante un tribunal federal en dicho estado fronterizo con México.

Ese tipo de iniciativas "perturbarían seriamente el cumplimiento federal de las leyes migratorias", añadió el comunicado del Departamento de Justicia.

La ley SB 1070, proclamada por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, el pasado 23 de abril tras un voto en el Congreso estatal, declara, por primera vez en la historia de este país, la inmigración ilegal como un delito estatal.

La ley debe empezar a aplicarse en principio a partir del 29 de julio.

Al promulgar esa ley, "Arizona cruzó la línea constitucional", advirtió el comunicado oficial.

La ley de Arizona obliga a la policía del estado a pedir la documentación a cualquier persona que bajo "sospecha razonable" pueda ser considerado inmigrante ilegal, lo que para algunas organizaciones civiles puede llevar a la discriminación por motivos étnicos o lingüísticos.

En Arizona viven unos dos millones de hispanos, 33% de origen extranjero. Unos 460.000 son indocumentados.

Cualquier ciudadano de Arizona puede presentar una demanda contra la policía, o contra otro funcionario estatal, si considera que no cumple con esa exigencia de controlar la situación migratoria de un sospechoso.

La ley ya ha provocado la presentación de iniciativas similares en otros estados y ciudades.

El texto ya fue impugnado ante los tribunales por organizaciones civiles, una moción apoyada por el gobierno mexicano.

La demanda de inconstitucionalidad no se basa sin embargo en ese posible riesgo de discriminación racial, precisó un alto funcionario del Departamento de Justicia bajo anonimato.

"Aunque continuamos teniendo preocupaciones sobre esa posible discriminación racial, no presentamos esta demanda por esta razón en este momento concreto", indicó la fuente a periodistas.

La ley SB 1070 es apoyada por un 62% de la población estadounidense, según un sondeo reciente.

El texto fue aprobado por el Congreso de Arizona tras una creciente preocupación por el posible desborde de la violencia del crimen organizado del lado mexicano.

El asesinato de un ranchero en su propiedad cerca de la frontera, poco antes de la aprobación, soliviantó aún más los ánimos, aunque según datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) no se ha constatado un aumento real de la violencia criminal en Arizona.

Obama tildó desde un principio a la ley SB 1070 de "iniciativa errónea" y señaló que la única forma de afrontar el problema de los casi 11 millones de indocumentados en el país era mediante una reforma integral.

"Los habitantes de Arizona están comprensiblemente frustrados con la inmigración ilegal y el gobierno federal tiene la responsabilidad de enfrentarse a esas preocupaciones", señaló el Fiscal General, Eric Holder, citado en el comunicado.

"Sin embargo, desviar recursos federales de (la persecución de) extranjeros peligrosos como sospechosos de terrorismo y extranjeros con antecedentes criminales tendrá impacto en la seguridad de todo el país", añadió.

Ese punto de vista fue secundado por los jefes policiales de la capital de Arizona, Phoenix, y de Tucson, donde se concentra una gran parte de la población hispana del estado.

Para esos jefes policiales, "las víctimas o testigos de crímenes probablemente denunciarán menos o cooperarán menos con agentes policiales" por temor a los controles de identidad, según una declaración de apoyo a la demanda.

Un grupo de activistas provenientes de Arizona iniciaron una vigilia de 24 horas ante la Casa Blanca para expresar su protesta por la ley.

KLM