Managua. Hombres de civil, encapuchados y fuertemente armados siembran pánico en Nicaragua. Su intervención en las protestas antigubernamentales, a plena luz del día, abrió el debate sobre el papel que debe jugar el Ejército en una crisis desbordada, con unos 210 muertos en dos meses.

En un país con una historia en la que los militares han tenido protagonismo y que vivió dos guerras seguidas en los años 1970 y 1980, algunos creen que el Ejército, militarmente, podría parar de inmediato a esos grupos y, políticamente, presionar la renuncia de Ortega.

“No puede haber dos ejércitos en este país. El Ejército de Nicaragua constitucionalmente debería desarmar a los paramilitares”, opinó el académico Carlos Tünnermann, delegado de una alianza opositora que dialoga con el gobierno.

“Si el Ejército pretende contribuir a una solución pacífica a través del diálogo, debe y tiene que desarmar a las bandas paramilitares”, dijo Edmundo Jarquín, excandidato presidencial por un movimiento disidente del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (izquierda).

Brazo empresarial

Para los expertos, el comportamiento del Ejército, que constitucionalmente debe ser una institución “apartidista”, “apolítica” y “no deliberante”, tiene relación principalmente con la defensa de intereses económicos.

A través del Instituto de Previsión Social Militar, su “brazo empresarial”, explica el analista en temas militares Roberto Orozco, dispone de constructoras, residenciales, inmobiliarias, hospital, financieras, acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York y otras inversiones.

“Ese puede ser uno de los factores que inclinen la balanza, cuando sus intereses corporativos se vean amenazados o se llegue a un punto de ingobernabilidad total”, afirmó.

El Ejército de Nicaragua pasó de unos 90,000 a unos 13,000 efectivos desde 1989 a la fecha y su presupuesto anual es de 75 millones de dólares.