Brasilia. El juicio que mañanapodría llevar a prisión al exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva extremó la polarización del gigante sudamericano y condujo a la presidenta de la corte suprema, Cármen Lúcia, a un inusual pedido por la paz social.

El Supremo Tribunal Federal dirá mañana si acepta un recurso (habeas corpus) presentado por la defensa de Lula (2003-2010) para evitar que empiece a purgar una condena de 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero hasta que no haya agotado todas las instancias judiciales.

Si deniega el recurso, nada se interpondrá en principio a un arresto de Lula, de 72 años. De lo contrario, el camino de los tribunales podría extenderse y dejarlo libre durante la campaña para las elecciones de octubre, que se anuncian como las más inciertas desde el retorno de la democracia en 1985.

El caso enfrenta a jueces “garantistas” y a defensores de la Operación Lava Jato, vistos como más severos, y partidarios del uso de la prisión preventiva, las delaciones premiadas y el cumplimiento de penas después de una condena en segunda instancia para desvendar una multimillonaria red de sobornos entre empresarios y políticos.

El ex fiscal general Rodrigo Janot y el procurador de Lava Jato en Curitiba (sur), Deltan Dallagnol, se sumaron a una solicitud de al menos 5,000 integrantes de la justicia para que la corte suprema no modifique su interpretación actual, lo que pondría a Lula tras las rejas.

Lula fue sentenciado por recibir un departamento de lujo de la constructora OAS, involucrada en la trama de desvíos de la estatal Petrobras. Además, enfrenta otros seis juicios por diversos delitos que incluyen tráfico de influencia y obstrucción de la justicia. Pese a su delicada situación, es amplio favorito para ganar la  próxima elección presidencial.