STANFORD – Lejos están los tiempos en que los políticos consideraban la credibilidad su activo más preciado. De presidentes y primeros ministros para abajo, los autores de la política económica han ingresado a un territorio que excede el ámbito familiar de la exageración política, y están cada vez más desconectados de la idea que tienen los votantes de la realidad.

Este fenómeno admite una multitud de explicaciones. En primer lugar, el ambiente comunicativo actual favorece los enunciados extremos, más que el análisis frío, desapasionado y con base empírica. En una sociedad polarizada, a los políticos les interesa más reafirmar el apoyo de sus simpatizantes más radicales que proponer moderación o la búsqueda de términos medios.

En segundo lugar, a veces se hacen pronósticos que resultan muy errados. Hablar de “inflación transitoria” era razonable al principio, pero con el correr de los meses se fue volviendo cada vez más discutible, lo que se debe en parte a que el significado del término no es el mismo para el común de la gente que para los economistas. Para el votante medio, transitorio es algo que se irá en poco tiempo, y esta descripción no corresponde con un problema que no sólo persistió sino que empeoró.

El famoso beisbolista estadounidense Yogi Berra observó cierta vez que hacer predicciones es muy difícil, sobre todo cuando se trata del futuro. E incluso una descripción de las condiciones actuales puede terminar mal, ya que a veces los datos económicos se deben someter a revisiones sustanciales.

En tercer lugar, los políticos odian ser portadores de malas noticias, y prefieren echar la culpa de los problemas a sus adversarios o alguna contrafigura política como la industria gaspetrolera. Cada vez que se encarece la gasolina, la izquierda asegura que es resultado de una inicua conspiración de los productores locales. Pero que yo sepa, jamás se halló una conspiración semejante. Puede que el cartel de la OPEP trate de aprovechar las oscilaciones del mercado, pero el precio en la gasolinera depende en última instancia de las fuerzas de la oferta y la demanda.

La incapacidad de ver este hecho es reflejo de un difundido analfabetismo económico, que es la cuarta razón de la situación actual. En general los votantes tienen capacidad y tiempo limitados para absorber aparentes sutilezas como la diferencia entre “alto” y “en alza”, “neto” y “bruto” o “corto plazo” y “largo plazo”, por no hablar de comprender probabilidades. Y los políticos (a diferencia de los economistas) no suelen prestar mucha atención a matices.

Tomemos el caso de la inflación. Desde el punto de vista de economistas, oficinas de estadística, bancos centrales y ministerios de finanzas, inflación quiere decir que los precios están subiendo. Pero para el común de la gente, inflación quiere decir que los precios están demasiado altos para el presupuesto personal. Supongamos que el 6.8% de incremento interanual del índice de precios al consumidor en Estados Unidos se redujera a cero en el transcurso de los próximos 12 meses. Mucha gente seguiría pensando que la inflación todavía no está controlada, porque los aumentos de precios anteriores no se revirtieron.

O pensemos en la definición de recesión de los economistas y de las oficinas de estadística. Dejando a un lado tecnicismos, recesión quiere decir que la economía está en contracción; por eso se usa la regla simplificada de considerar que hay recesión cuando la economía registra un crecimiento real (ajustado por inflación) negativo durante dos trimestres consecutivos. Es decir que una recesión termina tan pronto como la economía empieza a crecer otra vez. Pero para los no iniciados, una recesión no termina hasta que vuelven los buenos tiempos y la oferta abundante de empleo. Por eso las recuperaciones económicas lentas son problemáticas para los gobernantes.

Otra causa frecuente de confusión es la diferencia entre bruto y neto. Un buen ejemplo es la afirmación (a menudo exagerada) de que imponiendo y subsidiando el uso de la energía solar y eólica para lograr una transición energética acelerada se crearán en poco tiempo millones de empleos. Pero nadie habla de los empleos que se perderán en el sector de los combustibles fósiles. El argumento en cuestión destaca el resultado bruto sin tener en cuenta el efecto neto.

Otro ejemplo son los artilugios presupuestarios con los que se ocultan los verdaderos costos de iniciativas como el proyecto Build Back Better (“reconstruir mejor”) del presidente estadounidense Joe Biden. Para meter tantas políticas “progresistas” como sea posible en un marco presupuestario de 1.75 billones de dólares a lo largo de 10 años, se presupone que muchas de las prestaciones serán por tiempo limitado, de modo que un programa que durará uno, tres o seis años se pagará con la recaudación impositiva adicional de los 10 años.

Pero en realidad, nadie cree que esos programas caduquen en la fecha señalada. Como dijo el presidente Ronald Reagan: “No hay nada más duradero que un programa público temporario”. Por eso cuando la Oficina de Presupuesto del Congreso evaluó el costo fiscal suponiendo que los programas del proyecto BBB durarán los 10 años, el total trepó a casi 5 billones de dólares, de los que 3 billones se sumarían a la ya de por sí cuantiosa deuda nacional.

Pero las triquiñuelas presupuestarias no son exclusividad de los demócratas. Cuando David Stockman, director de presupuesto de Reagan, vio que no conseguía reducir gastos lo suficiente para cumplir la ley que exigía un pronóstico de equilibrio fiscal en una cierta cantidad de años, apeló a incluir el famoso asterisco mágico: “recortes de gasto que se decidirán más adelante”.

Otras diferencias de interpretaciones surgen en relación con el corto plazo y el largo plazo. Los economistas miden el corto plazo en trimestres o a lo sumo uno o dos años; pero para el común de la gente, corto plazo quiere decir semanas, o a lo sumo un par de meses.

Cada vez más presionado por el alza inflacionaria, Biden suele repetir la tesis de algunos importantes economistas que afirman que el proyecto BBB reducirá la inflación. El argumento sería que los subsidios para gastos de cuidado infantil, las licencias familiares, etc., permitirán que más padres trabajen. Es un enunciado empírico discutible. Pero incluso si fuera cierto, el argumento depende de lo que suceda con la inflación en los próximos años, no en las próximas semanas o meses. Sería absurdo afirmar que un aumento masivo del gasto público reducirá la inflación en el corto plazo en una economía que ya está cerca del pleno empleo. No extraña que las últimas encuestas señalen que la gente no se lo está creyendo.

Todos los políticos se ven presionados a eludir las leyes de la economía o incluso las de la aritmética (como ha hecho Biden al afirmar que su proyecto no costará nada). Pero cualesquiera sean las ventajas temporales que consigan con esa táctica, tarde o temprano la erosión resultante de la credibilidad les pasa factura. Y esto suele ocurrir cuando más necesitan el apoyo de la gente. Como decía mi amigo George P. Shultz: “La moneda de curso legal es la confianza”.

*El autor es profesor de Economía en la Universidad de Stanford y miembro principal de la Hoover Institution. Fue presidente del Consejo de Asesores Económicos de George H.W. Bush, de 1989 a 1993, y encabezó la llamada Comisión Boskin, organismo asesor del Congreso que destacó errores en las estimaciones oficiales de inflación de Estados Unidos.