Estados Unidos vive de nuevo una parálisis legislativa en materia de migración.

Con la cancelación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) por parte del Donald Trump, en septiembre, la situación legal de los dreamers yace en la incertidumbre. Ahora, un juez federal aparcó la intención de Trump justo en el momento en que los republicanos intentan ponerse de acuerdo para emitir una legislación.

Los demócratas han amenazado al ejecutivo con un “cierre de gobierno” en caso de que no haya un flotador para los dreamers.

¿Qué hacer? ¿Ceder a Trump canalizando recursos para la construcción del muro a cambio del salvamento de los dreamers, como lo intenta Trump?

Las implicaciones de esta coyuntura son adversas, tanto para migrantes como para el sector productivo del país. Los dreamers temen ser deportados a sus países de origen y perder sus derechos como trabajadores y estudiantes. Mientras, el sector privado teme perder una fuerza de trabajo que hoy representa alrededor de 700,000 trabajos.

El costo económico promete ser significativo para la recaudación fiscal y la productividad del vecino del norte, mientras que el costo de vida para los migrantes prometería ser incalculable. Regresar al país del que los padres salieron huyendo, después de haber construido una vida en Estados Unidos.

Si bien la cancelación de DACA fue un acto legítimo, la decisión no deja de ser una locura social y económica para Estados Unidos.