La dirigencia de la comunidad judía argentina y la oposición criticaron el martes a la presidenta Cristina Kirchner, quien en su primer discurso público a ocho días de la muerte del fiscal Alberto Nisman anunció el lunes una reestructuración de los sistemas de inteligencia.

En medio de las críticas por la respuesta política, la fiscal que lleva el caso Viviana Fein, anunció la entrega del cuerpo de Nisman a los familiares, quienes realizarán un funeral el jueves en un cementerio israelita en las afueras de Buenos Aires.

Kirchner volvió el lunes a enmarcar la muerte del fiscal que investigaba el ataque la mutual judía AMIA en 1994 en Buenos Aires, el mayor de la historia argentina con 85 muertos, en un complot de agentes de inteligencia contra su gobierno.

El alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, reclamó el esclarecimiento de la muerte de Nisman y que siga la investigación de su "grave denuncia" contra Kirchner y su canciller Héctor Timerman.

Nisman apareció muerto cuatro días después de denunciar a la mandataria y al ministro de Relaciones Exteriores de intento de 'encubrir' a los acusados iraníes por el ataque terrorista a la AMIA.

Macri, precandidato presidencial, dijo además que su partido (PRO, derecha) "no confía" en el proyecto de reforma de los servicios de inteligencia, preanunciando un voto negativo de su bloque en el Congreso en un año electoral.

Julio Cobos, otro presidenciable para los comicios de octubre por el radicalismo (socialdemócrata) consideró que la mandataria "corrió el eje" al referirse a la reforma de los servicios de inteligencia.

Kirchner, criticada por no ofrecer condolencias a la familia de Nisman, anunció que busca disolver la Secretaría de Inteligencia y reemplazarla con una agencia federal, entre otros puntos de un proyecto de ley que será tratado por el Congreso a partir del 1 de febrero.

Según la presidenta, ese complot empezó a gestarse a partir de la firma en 2013 de un Memorandum de Entendimiento entre Argentina e Irán que permitiría indagar en Teherán a exfuncionarios de ese país señalados en la causa.

Ese memorandum aprobado en el Congreso argentino pero no por el Parlamento iraní, fue rechazado por la comunidad judía, la mayor de América Latina con 300,000 personas.

La colectividad reclama en cambio una ley que habilite la realización de un juicio en ausencia de los acusados, algo que no está contemplado en la jurisprudencia argentina y el gobierno dice que es inconstitucional.

"Pedimos que al menos se trate el proyecto y que la justicia sea la que declare su constitucionalidad o no", declaró a la AFP Julio Schlosser, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina (DAIA),órgano político que representa a 140 entidades judías.

mrc