Managua. El Congreso de Nicaragua nombró el día de ayer 4 de mayo, a un tribunal electoral afín al gobierno y sancionó una reforma que obstaculiza la participación de opositores en las elecciones de noviembre, donde el presidente Daniel Ortega podría buscar una nueva reelección.

El Consejo Supremo Electoral está compuesto por siete miembros. Seis de ellos fueron propuestos por el gobernante Frente Sandinista. El séptimo fue postulado por el Partido Conservador, informó el presidente del legislativo, el oficialista Gustavo Porras.

En tanto, los tres cargos de magistrados suplentes fueron asignados a un sandinista y a dos candidatos propuestos por la opositora derecha liberal.

Los nombramientos, que tienen una vigencia de cinco años, contaron con más de los 56 votos -mayoría calificada- que se necesitan para elegir a los jueces electorales en el Parlamento, donde el partido de Ortega controla 70 de 91 escaños.

"La familia (gobernante) Ortega Murillo ha escogido el camino de imponer magistrados al CSE, leales a sus intereses y por lo mismo, con cero credibilidad para la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense", denunció en un comunicado la opositora Unión Democrática Renovadora (Unamos), conformada por disidentes sandinistas.

La mayoría oficialista aprobó una reforma de la ley electoral criticada por la oposición. El texto incluye una ley aprobada en 2020 que prohíbe "inscribir como candidatos a cargos de elección popular" a opositores que apoyen las sanciones internacionales adoptadas contra el gobierno de Ortega por violaciones de los derechos humanos.

No han ocurrido las elecciones, pero la familia Ortega ya ganó.