Los abogados del presidente Trump no lograron detener la demanda presentada por los fiscales de los estados de Maryland y el Distrito de Columbia que acusan al presidente de violar la Constitución al seguir haciendo negocios a través de sus empresas con representantes de gobiernos extranjeros.

El juez de distrito Peter Messitte determinó que el caso tiene méritos suficientes para seguir y que los demandantes podrán interrogar a empleados de la Organización Trump y solicitar los registros para determinar qué funcionarios extranjeros han contratado servicios del Hotel Trump en Washington DC.

El argumento de los demandantes es que el presidente está violando la llamada Cláusula de Emolumentos, una antigua provisión constitucional que prohíbe a los funcionarios estadounidenses aceptar “emolumentos de reyes, príncipes o estados extranjeros” para evitar que sean económicamente manipulados.

La demanda fue presentada el año pasado por los fiscales generales Karl Racine, del DC, y Brian Frosh, de Maryland. Ambos son demócratas.

Para el diccionario de la Real Academia Española, emolumentos es la “remuneración adicional que corresponde a un cargo o empleo”. En inglés, de acuerdo con el diccionario Merriam-Webster, son “los ingresos levantados en una oficina o empleo usualmente en la forma de compensaciones o gratificaciones”.