“Odio que a los niños se los lleven. Los demócratas tienen que cambiar su ley. Ésa es su ley”.

—Presidente Trump, en declaraciones a reporteros en la Casa Blanca, 15 de junio.

“Tenemos las peores leyes de inmigración de todo el mundo. Nadie tiene tanta tristeza ante la realidad que es tan horrible y dura: la ves sobre la separación de niños, ves lo que sucede allí”.

—Trump, en declaraciones en la Casa Blanca, 18 de junio.

“Debido al decreto de consentimiento de Flores y la decisión de la Novena Corte de Circuito, ICE sólo puede mantener a las familias detenidas juntas por un periodo muy corto de tiempo”.

—El fiscal general Jeff Sessions, en un discurso en Bozeman, Mont., 7 de junio.

“Es la ley y eso es lo que establece la ley”.

—Sarah Huckabee Sanders, secretaria de prensa de la Casa Blanca en una conferencia de prensa, 14 de junio.

“No tenemos una política de separación de familias en la frontera”.

—Secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen, en Twitter, 17 de junio.

El presidente y altos funcionarios de la administración dicen que las leyes estadounidenses o los fallos judiciales les obligan a separar a las familias que son atrapadas tratando de cruzar la frontera sur.

Estas afirmaciones son falsas. Las familias inmigrantes son separadas, principalmente, porque desde abril la administración Trump comenzó a enjuiciar al mayor número posible de personas que cruzaban la frontera. Esta “política de tolerancia cero” se aplica a todos los adultos, independientemente de si cruzan solos o con sus hijos.

El Departamento de Justicia no puede enjuiciar a los padres junto a sus hijos, por lo que el resultado natural de la política de “cero tolerancia” ha sido un fuerte aumento en las separaciones familiares. Cerca de 2,000 niños inmigrantes fueron separados de sus padres durante seis semanas en abril y mayo, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La administración de Trump implementó esta política porque así lo quiso hacer y podría finalizarla si lo desea. Ninguna ley o fallo judicial ordena las separaciones familiares. De hecho, durante sus primeros 15 meses de gobierno, la administración de Trump liberó a casi 100,000 inmigrantes que habían sido detenidos en la frontera de Estados Unidos y México, un total que incluye a más de 37,500 menores no acompañados y más de 61,000 familiares mayores de edad.

Los niños son entregados a familiares de los detenidos, pero en caso de que no los tengan en Estados Unidos, son llevados a refugios. Sin embargo y dado que la política de tolerancia cero entró en vigencia desde abril pasado, los padres, por regla general, son llevados a juicio. Generalmente los fallos de los juicios terminan en deportación.

Los hechos

Desde el 2014, cientos de miles de niños y familias han huido a los Estados Unidos debido a la violencia desenfrenada en El Salvador, Guatemala y Honduras. Las leyes de Estados Unidos otorgan asilo o estatus de refugiado a solicitantes calificados, pero la administración de Trump dice que contrabandistas están aprovechando estas leyes para introducir a ilegales.

La secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen dice que el gobierno ha detectado cientos de casos en los que los niños que acompañan a sus supuestas familias no tienen ningún vínculo con ellas. Por esta razón, el presidente Trump dice que quiere cerrar lo que él describe como “lagunas” en esta ley de ayuda humanitaria.

La crisis de los refugiados centroamericanos estalló durante la administración del presidente Barack Obama y continúa con la de Trump. Las dos administraciones han tenido diferentes enfoques. Mientras que el Departamento de Justicia de Obama priorizó la deportación de personas peligrosas, Trump, al asumir el cargo, emitió una orden ejecutiva para echar abajo gran parte del marco legal anterior; Obama deportaba a miembros peligrosos de pandillas con antecedentes penales que podrían poner en riesgo la seguridad de su país y Trump no hace explícitas sus prioridades, únicamente refiere como “delitos penales” a cualquier irregularidad fronteriza.

Posteriormente, en abril del 2018, el fiscal general Jeff Sessions implementó la política de tolerancia cero.

Cuando familias o individuos son detenidos por la Patrulla Fronteriza, son puestos bajo la custodia del Departamento de Seguridad nacional. Bajo la política de tolerancia cero, los oficiales del DHS envían a los adultos “que se cree que han cometido delitos, incluida la entrada ilegal” a Estados Unidos, al Departamento de Justicia para su enjuiciamiento. Si son condenados, eso desencadena procedimientos de deportación.

Después de un periodo de espera, el DHS transfiere a los niños a la custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Pasan un promedio de 51 días en un refugio antes de ser ubicados con familiares (85% de los casos) o con una familia que los adopte en Estados Unidos.

 

La prueba de Pinocho

El doble discurso de Trump y de los altos funcionarios del gobierno sobre este tema es sobrecogedor, ya que lo que dicen carece de sustento. Por ejemplo, aseguran que son los demócratas los culpables de que las familias sean separadas. Falso.

Están siendo separados los niños porque la tolerancia cero de Trump lleva a juicio a los adultos que cruzan la frontera.

Los juicios incluyen delitos menores. La tipificación se aplica, por ejemplo, a las personas que entran sin papeles a Estados Unidos por primera ocasión. Con Obama simplemente se les deportaba, no se les llevaba a juicio.

Nielsen puede decir que la separación familiar no es una política de Trump; sin embargo, en los hechos, sí lo es.

“Algunos de los impactos más desgarradores de lo que está haciendo Trump ocurren cuando los enjuiciados son deportados a Centroamérica sin sus hijos o, en el mejor de los casos, pasan semanas sin poder localizarlos”, informó Nick Miroff, del Washington Post .

“En otros casos, pediatras y defensores de los niños que los atienden en los refugios han revelado que han visto llorar a los pequeños debido a que extrañan a sus padres. En esos refugios el personal tiene prohibido consolarlos físicamente”, dijo.

 

Los pretextos

Funcionarios de la actual administración señalan un conjunto de leyes y fallos judiciales que justifican su actuación:

•Un decreto de consentimiento federal de 1997 que requiere que el gobierno libere a todos los niños detenidos que cruzan la frontera. Se le conoce como Decreto Flores. El acuerdo no protege a los padres.

•Una ley del 2008 destinada a frenar la trata de personas (Ley de Reautorización de la Protección de las Víctimas de la Trata) libera a los niños de cualquier nacionalidad exceptuando a canadienses y mexicanos.

Al parecer, quedó atrás la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952. Decía que la primera entrada ilegal de una persona a los Estados Unidos tenía que ser tipificada como delito menor.

Lo hizo Obama, pero Trump no le hizo caso.

Trump y su mentira cruel.