El Departamento de Justicia estadounidense estudia la polémica ley migratoria de Arizona para ver si cumple con las garantías constitucionales, afirmó este martes la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano.

(La Ley SB 1070 no entrará en vigencia antes de 90 días, por lo que) hay tiempo para el Departamento de Justicia de estudiar minuciosamente si cumple con las garantías constitucionales , comentó durante una audiencia en la Comisión de Justicia del Senado.

La dependencia a cargo de la demócrata tiene profundas preo­cupaciones ante la nueva ley promulgada el viernes en Arizona que criminaliza la inmigración indocumentada, según la también exgobernadora de la demarcación fronteriza.

En este sentido, agregó, la administración de Barack Obama también condenó la ley desde el punto de vista de su aplicación.

Además, el gobierno federal teme que se desvíen los recursos migratorios que actualmente se enfocan en deportar del país a los indocumentados que hayan cometido delitos graves, dijo Napolitano.

Los críticos de la ley afirman que dará pie a la discriminación racial ya que las autoridades locales pueden detener a cualquiera que pueda parecer un inmigrante indocumentado, aunque no sea sospechoso de ninguna actividad ilegal.

Amnistía Internacional manifestó su preocupación porque la nueva ley antiinmigrante SB 1070 resulte en violaciones a los derechos humanos como discriminación racial, arrestos y detenciones arbitrarias.

A AI le preocupa que la ley no contiene garantías contra la detención por cuestiones raciales -la práctica de detener a alguien únicamente por su apariencia, origen o nacionalidad-, lo cual es discriminatorio y una violación a los derechos fundamentales.

En este sentido, el organismo hizo un llamado para que la legislación sea derogada y para que las leyes federales sobre migración incluyan garantías para la protección de los derechos humanos.

En un comunicado, agregó que se debe incluir el derecho al debido proceso para quienes no son ciudadanos estadounidenses y se encuentren en proceso de deportación, así como el derecho a no ser detenido arbitrariamente.

AI recordó que con la nueva ley, que firmó la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, el 23 de abril, se faculta a los cuerpos policiales para que detengan e interroguen a cualquier individuo que se encuentre en el estado sobre el estatus de su ciudadanía y lo entreguen a las autoridades migratorias para un posible procesamiento, prisión o deportación en caso de que no presente de manera inmediata los documentos que hagan constar su estancia legal en los Estados Unidos.

El derecho fundamental a la libertad y a no ser detenido arbitrariamente es un derecho humano universal que también poseen los migrantes, independientemente de su estatus legal, y está consagrado en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) firmado y ratificado por EEUU, así como en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 16 de la Convención de Trabajadores Migrantes .