En abril del 2016, en el pináculo de la más mortífera epidemia de adicciones en la historia de los Estados­ Unidos, el Congreso despojó a la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de su más efectiva herramienta para combatir a las grandes compañías farmacéuticas sospechosas de inundar las calles con narcóticos. Hasta ese momento, la guerra de los opioides había cobrado 200,000 vidas, más de tres veces el número de bajas estadunidenses durante la Guerra de Vietnam.

Las muertes ocasionadas por sobredosis continúan en aumento y un cambio en esta tendencia parece improbable.

Un grupo de congresistas, asociados con las grandes farmacéuticas del país, negoció con la DEA y el Departamento de Justicia para convenir una legislación más amigable con la industria, socavando los esfuerzos para contener el tráfico de analgésicos, de acuerdo con una investigación elaborada por The Washington Post y el programa de televisión 60 minutes.

La aprobación de esta ley fue el objetivo principal de una larga y multifacética campaña de la industria farmacéutica para contener la afanosa labor de la DEA contra las empresas distribuidoras que abastecen a médicos corruptos y farmacias ilícitas que, a su vez, suministran narcóticos al mercado negro.

La industria maniobró tras bambalinas con cabilderos y congresistas, colocando más de 1 millón de dólares en campañas electorales.

El principal promotor de la ley fue el congresista republicano Tom Marino, recientemente nominado por el presidente Trump para ser el próximo zar antidrogas. Marino pasó años gestionando la ley en el Congreso hasta que finalmente fue aprobada, luego de que el Senador Orrin G. Hatch interviniera para negociar una versión final con la DEA.

Por años, algunos distribuidores de fármacos fueron multados por ignorar insistentemente las advertencias de la DEA sobre ventas sospechosas de centenares de millones de píldoras. Entretanto, acumularon miles de millones de dólares en ventas.

Objetivo de la ley

La nueva ley hace virtualmente imposible que la DEA congele cargamentos de narcóticos con destinos sospechosos, de acuerdo con los documentos internos de la agencia y del Departamento de Justicia, y un estudio independiente de la ley próximo a publicarse, elaborado por el juez principal en materia administrativa de la DEA. Anteriormente, la DEA actuaba prontamente para prevenir que los fármacos alcanzaran las calles.

Representantes de la industria aportaron al menos 1.5 millones de dólares a los 23 legisladores que promovieron las cuatro versiones de la iniciativa de ley. Marino y Hatch recibieron cerca de 100,000 y 177,000 dólares, respectivamente. Entre el 2014 y el 2016, la industria farmacéutica gastó 106 millones de dólares para impulsar la ley, de acuerdo con los reportes de lobbying.

“Los productores, comercializadores, distribuidores y cadenas de farmacias que componen a la industria farmacéutica detentan una influencia tan vigorosa sobre el Congreso como jamás se había visto”, señala Joseph T. Rannazzisi, quien lideró la división responsable de regular este sector en la DEA, y dirigió durante una década una agresiva campaña de control de narcóticos hasta que fue forzado a dejar la agencia en el 2015. “Me refiero a que lograr que el Congreso apruebe una iniciativa para proteger sus intereses en la cúspide de una epidemia de consumo de opiáceos sólo demuestra la enorme influencia que poseen”.

Además de los promotores de la iniciativa, pocos legisladores comprendieron el verdadero impacto que tendría esta ley, que pasó con facilidad por el Congreso y fue aprobada por consenso unánime, un procedimiento parlamentario reservado para iniciativas poco controvertidas. De acuerdo con exfuncionarios de la administración del presidente Barack Obama, estas secuelas también pasaron inadvertidas cuando el Ejecutivo aprobó la ley.

Obama cerró los ojos

Michael Botticelli, quien entonces dirigía la Oficina Nacional de Política Nacional para el Control de Drogas en la Casa Blanca, declaró que ni el Departamento de Justicia ni la DEA objetaron la iniciativa, lo que hubiera significado un impedimento para la aprobación de la ley por parte del presidente. “Nos acercamos a la DEA por protocolo” dijo.

Por otra parte, los funcionarios de la industria defendieron la nueva ley, señalando que asegurará que pacientes con dolencias reciban su medicamento sin mayor problema. Por largo tiempo la industria se ha quejado de que la legislación federal sobre prescripción de fármacos era muy imprecisa con respecto al límite en la responsabilidad de las compañías para reportar pedidos de narcóticos sospechosos. También manifestaron su desacuerdo con la pobre comunicación que sostiene la DEA con las compañías y su postura intransigente.

“Para despejar dudas, esta ley no ‘disminuye’ la capacidad reguladora de la DEA contra los distribuidores” dijo John Parker, un vocero de Healthcare Distribution Alliance que representa a los distribuidores de fármacos. “Promueve la comunicación en tiempo real entre las partes para combatir los siempre cambiantes métodos de desvío de fármacos”.

Pero el juez principal en materia administrativa de la DEA, John J. Mulrooney II, alcanzó una conclusión contrapuesta. “En un momento en el cual las adicciones, el abuso de opioides y las muertes proliferan notablemente” la nueva ley “impuso una disminución dramática de la autoridad de la agencia”.

*A raíz del presente texto, el presidente Trump retiró la candidatura de Tom Marino para convertirse en el zar antidrogas. Trump anunció en Twitter: “Me ha informado que va a retirar su nombre”.