Bruselas. El pulso entre Polonia y la Comisión Europea por la reforma del Poder Judicial del Partido Libertad y Justicia (PiS) ha durado 18 meses.

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) propinó un duro golpe a Varsovia, fallando que su controvertida ley de jubilación de los jueces es contraria al derecho comunitario. Polonia ha amenazado en varias ocasiones con ignorar la sentencia.

En abril del 2018 entró en vigor una nueva ley polaca que establece en 65 años la edad de retirada de los jueces del Tribunal Supremo, obligando a jubilarse a la mayoría de los 72 magistrados que trabajan en el órgano judicial, salvo si lo decía el presidente polaco. Esta enmienda era una más de las diferentes reformas con que el PiS estaba llevando a cabo la separación de poderes y el Estado de Derecho, según la Comisión Europea.

Ante la gravedad de la situación, Rosario Silva de Lapuerta, vicepresidenta del Tribunal de Justicia, emitió un auto en octubre, instando al país del este a frenar inmediatamente la aplicación de esta ley. Era la primera vez que Luxemburgo acudía a una medida preventiva de esta envergadura antes de la sentencia definitiva, que ha llegado este lunes.

La ley “viola los principios de inamovilidad del juez y de independencia judicial”, reza el fallo.

Separación de poderes

Dos son los principales sustentos de la sentencia de Luxemburgo. Por un lado, estipula que la relación entre estados miembros es de confianza mutua en la defensa de los valores comunes: “Esta premisa implica y justifica la existencia de una confianza mutua entre sus órganos jurisdiccionales en el reconocimiento de esos valores en los que se fundamenta la unión, entre ellos el Estado de Derecho, y, por lo tanto, en el respeto del derecho de la unión que los aplica”. Y por el otro, destaca que la ley polaca pone en tela de juicio la independencia judicial y la separación de poderes, un pilar fundamental de la democracia europea.

Desde que el partido polaco PiS volviera al poder en el año 2015, ha centrado gran parte de sus esfuerzos en reformar el sistema judicial. Esto lo ha empujado a ser el primer país en la historia comunitaria sobre el que se inicia el proceso de aplicación del artículo 7, un instrumento que en última instancia quita el derecho de voto de un Estado miembro por violación de los valores europeos.

Varsovia está obsesionada con la idea de que jueces de la era comunista siguen en activo. Así, decidió retirarlos a la fuerza.

Ahora, Polonia recibe duro golpe.