Londres. Aunque algunos tratan de dar una lectura internacional o vinculada al Brexit a la decisión del Gobierno británico de limitar el turismo hacia España, en realidad es un asunto puramente doméstico, aunque tiene como damnificados a aerolíneas y hoteles.

El primer ministro Boris Johnson tiene un problema de imagen con el Covid-19. Da la impresión de que siempre ha llegado tarde a la hora de tomar decisiones para frenar la pandemia, o que simplemente él y sus asesores no se tomaron muy en serio esta amenaza, al menos al principio.

Downing Street decidió con mucho retraso el confinamiento de la población, no fue capaz de contar con suficientes tests ni equipos de protección en hospitales o residencias de ancianos, y el empleo de las mascarillas no ha sido obligatorio en las tiendas hasta el pasado viernes, cuando Reino Unido acumula más de 45,000 muertos por el coronavirus. A ello se suma la displicencia con que Dominic Cummings, asesor clave del Gobierno, se tomó el confinamiento.

El anuncio del domingo de que las personas que lleguen de España tendrán que permanecer dos semanas en cuarentena supone un golpe de efecto. Permite a Johnson mostrar que está intentando adelantarse a una potencial segunda ola de la pandemia -que él mismo sufrió en persona- y da una impresión de firmeza. La medida afecta incluso al ministro de Transporte, Grant Shapps, que está de vacaciones en España y se tendrá que aislar; y al ministro de la oficina del gabinete, Michael Gove, quien ha cancelado un viaje a Ibiza.

Cada año, unos 18 millones de británicos se desplazan a España. Aunque a muchos pueda molestar esta decisión, la mayoría ya pensaba quedarse en Reino Unido este verano.

El gobierno español reaccionó el martes con indignación. “Es muy injusto porque no se basa en ningún criterio sanitario”, dijo a la radio Cadena SER Francina Armengol, presidenta de la importante región turística de Baleares.