Un juez federal bloqueó este sábado parte de un decreto del presidente Donald Trump, al impedir deportaciones de refugiados y otros viajeros retenidos en aeropuertos de Estados Unidos.

"¡¡¡¡¡¡Victoria!!!!!!", tuiteó la Unión estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), cuyos abogados demandaron ante la justicia al gobierno para evitar la aplicación de un decreto contra los refugiados y migrantes musulmanes, tras la decisión de la jueza Ann Donnelly.

Trump firmó el viernes el decreto que suspende la acogida de refugiados musulmanes durante 120 días, mientras se concreta el futuro sistema de verificación de visas, así como el ingreso de viajeros procedentes de países de mayoría musulmana -Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen- por 90 días.

La magistrada ordenó a las autoridades no deportar a ningún ciudadano de los siete países mencionados que posean papeles en regla para ingresar a Estados Unidos, a los que otorgó permanencia temporal.

La decisión "muestra que cuando el presidente Trump adopta leyes o decretos inconstitucionales e ilegales, allí están los tribunales para defender los derechos de todos", dijo el director de ACLU, Anthony Romero, a la salida de la audiencia.

Pese a que el asunto está lejos de estar terminado y que una nueva audiencia tendrá lugar en febrero, "es importante que ninguna persona va a ser devuelta al avión", dijo Lee Gelernt, abogado de la organización.

Asimismo, indicó que la jueza ordenó al gobierno comunicar la lista de todas las personas retenidas en los aeropuertos del país desde la noche del viernes.

Decenas de ciudadanos de los mencionados países fueron arrestados en varios aeropuertos estadounidenses tras la promulgación del decreto, sin que se sepa el número exacto.

Ademas de la demanda presentada por las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, se produjeron manifestaciones en varios aeropuertos del país para reclamar la libertad de las personas retenidas.

La movilización que se desató tras los arrestos, demostró que las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes pelearán con firmeza contra los decretos de Donald Trump.

Numerosas asociaciones empezaron a denunciar la medida y su carácter discriminatorio cuando el presidente apenas había firmado su decreto, la tarde del viernes, con el que prohibió la entrada a Estados Unidos por 90 días a nacionales de siete países musulmanes considerados peligrosos (Irak, Irán, Yemen, Sudán, Libia, Somalia y Siria).

Desde ese momento, estas organizaciones se encontraron con el primer caso en Nueva York, donde dos iraquíes fueron detenidos a su llegada al aeropuerto John F. Kennedy (JFK), pese a que tenían visados legales y estaban relacionados con estadounidenses en Irak.

La réplica no tardó: varias asociaciones de defensa de los inmigrante, en entre ellas la poderosa ACLU, presentaron una demanda el sábado por la mañana ante un tribunal federal en Nueva York, solicitando su inmediata liberación.

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Los defensores también introdujeron ante la corte una acción en representación colectiva para todos los inmigrantes que sean interpelados de la misma manera en los aeropuertos estadounidenses.

"Sabíamos que ésto iba a venir, se preparaba", dijo Camille Mackler, responsable jurídica de la asociación de Nueva York Immigration Coalition, una de las que convocó rápidamente a una manifestación en JFK.

"Pero no sabíamos cuando, y no podíamos creer que sería inmediato, que habría personas dentro de un avión en el momento en que (el decreto) iba a salir", dice.

A la manifestación asistieron dos representantes demócratas de Nueva York en el Congreso, Jerry Nadler y Nydia Velasquez, así como a un centenar de personas anotándose el primer éxito.

A primera hora de la tarde, uno de los dos iraquíes, Hameed Khalid Darweesh, que trabajó para empresas estadounidenses y en el consulado en Erbil, fue liberado en el aeropuerto mientras los manifestantes lo recibían gritando: "bienvenido a casa", "¡los musulmanes son bienvenidos!, ¡ni odio, ni miedo!".

"A aquellos que están cerca de Nueva York: vayan ahora a la Terminal 4 de JFK", tuiteó el director de documentales Michael Moore, un agudo crítico de Trump.

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Otras manifestaciones se registraron en los aeropuertos de Dulles, cerca de Washington, de Chicago (norte), Minneapolis (norte), Denver (centro), Los Angeles (sudoeste), San Francisco (oeste) y Dallas (sur), dónde unas 50 personas fueron detenidas, según el periódico USA Today.

Una larga batalla

Nadler mandó un tuit en la tarde desde el aeropuerto en el que decía que seguía tratando de conseguir la liberación del otro iraquí, quien llegó para reunirse con su esposa y su hijo que viven legalmente como refugiados en Estados Unidos, así como de otros 10 refugiados que han estado retenidos desde hace tiempo en el aeropuerto.

"No deberíamos tener que pedir la liberación de los refugiados uno por uno", declaró. "Debemos combatir este decreto en las calles, frente a los tribunales, por todos lados, todo el tiempo. Debemos resistir y luchar".

La movilización y la demanda interpuesta el sábado permiten augurar una dura batalla entre los defensores de los inmigrantes por un lado y Trump y sus partidarios por el otro.

"Es la primera salva dentro de una larga batalla frente a los tribunales", consideró Michael Kagan, especialista en derecho de la inmigración de la Universidad de Nevada.

"Desde la elección nos preparamos para una guerra en las trincheras de los tribunales. Hubo muchas especulaciones sobre lo que Trump realmente quiso decir, si los tecnócratas del gobierno lo iban a moderar (...) parece que está haciendo literalmente lo que dijo que iba a hacer".

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Para este jurista, la conclusión de ésta batalla legal es incierta porque es algo "sin precedente en la historia reciente estadounidense".

El resultado de la batalla dependerá de la actitud de los jueces y podría llegar hasta la Corte Suprema, que no ha tenido que resolver asuntos de inmigración de este tipo desde la Ley de exclusión de los Chinos (Chinese Exclusions Act) adoptada en 1882.

En ese periodo de fuerte discriminación contra los chinos, la ley prohibió durante varias décadas la entrada de personas de esa nacionalidad a territorio estadounidense, incluidos los que residían legalmente en los Estados Unidos y temporalmente se habían ido de nuevo a su país de origen.

Según Kagan, casos similares podrían ahora multiplicarse. Un responsable de la Casa Blanca precisó el sábado que los que tienen la Tarjeta Verde (Green Card) -el documento de residencia permanente en Estados Unidos- y que que se encuentran en el extranjero "deberían ir al consulado estadounidense" para obtener un documento que confirme que pueden volver a los Estados Unidos.

Y que los que están en Estados Unidos pero quieran viajar al extranjero deberán pedir primero la autorización a un responsable consular.

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Por otro lado, el Departamento de Estado precisó que a los nacionales de los siete países mencionados se les negará la entrada a Estados Unidos durante los próximos 90 días, cualquiera que sea su visado. Sólo podrán entrar los que tengan la doble nacionalidad.

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