Los guatemaltecos elegían el domingo desde presidente hasta alcaldes, después de una campaña en la que muchos fueron vetados por corrupción o vínculos a la delincuencia, dejando al desnudo el grado de infiltración del crimen organizado en la política.

La exprimera dama de centroizquierda Sandra Torres busca la presidencia por tercera vez consecutiva y es la favorita con un 20% de las preferencias, seguida de Alejandro Giammattei, un cirujano conservador que se postula por cuarta vez, con el 14%.

En tercer lugar está Roberto Arzú, sin mucha experiencia política pero proveniente de una familia con historia en la clase dirigente guatemalteca, que llega con alrededor del 8% de la intención del voto.

Con una quincena más de candidatos presidenciales, el voto de ocho millones de guatemaltecos probablemente estará tan atomizado que nadie logrará los sufragios suficientes para evitar una segunda vuelta en agosto.

Para combatir la pobreza y corrupción Torres propone reactivar programas sociales que implementó cuando fue primera dama y una política de cero tolerancia. En tanto, Giammattei ha ofrecido seguros de salud para menores y trabajos de medio tiempo para aumentar los puestos, y mayor fiscalización en las compras del Estado.

El panorama hubiera sido diferente si las dos candidatas con mayor intención de voto para la presidencia -que dejará vacante Jimmy Morales en enero del 2020- no hubieran sido impedidas de postularse por el Tribunal Supremo Electoral: la exfiscal Thelma Aldana y Zury Ríos, la hija del exdictador Efraín Ríos Montt.

Sobre Aldana pesa una orden de detención por peculado y defraudación tributaria. En el caso de Ríos, la Corte de Constitucionalidad resolvió que no podía participar en el proceso porque la ley prohíbe hacerlo a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad de líderes de un golpe de Estado.

El nuevo escenario podría darle más chances a aspirantes minoritarios como la candidata indígena Thelma Cabrera y el veterano político y diplomático Edmond Mulet.

"Aunque es seguro que Sandra Torres estará en segunda vuelta (...) pareciera que la diferencia de votos entre ellos va a ser muy baja y eso hace que no sepamos con certeza quiénes van a pasar en segunda vuelta", dijo Hugo Novales, analista político guatemalteco.

Pero lo que más preocupa del proceso electoral es que los cárteles de la droga y el crimen organizado extiendan sus tentáculos por las alcaldías y los municipios donde operan e incluso por el Congreso de Guatemala, un punto de tránsito para parte de la cocaína que va de Colombia a Estados Unidos.

"Los políticos son todos comprados por el narco y por la corrupción, eso va a segur así", dijo Denis Recinos, empleado de un restaurante en la capital guatemalteca, de 28 años, quien confesó que no votaría.

Durante esta campaña, el candidato presidencial Mario Estrada y el postulante a diputado Julio José Rosales han sido detenidos acusados de vínculos con el cártel de Sinaloa. La lista incluye también a exconvictos y con familiares cercanos encarcelados o que han pagado condenas por narcotráfico.

"Lo que necesitamos es más seguridad para combatir tanta delincuencia y tanta muerte y que ayuden a la gente pobre con más trabajo", dijo Carolina López, un ama de casa de 38 años, en Ciudad de Guatemala.

En la nación centroamericana el 70% de la población vive en la pobreza, según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de Naciones Unidas. 

Suspenden votación por amenazas

La votación para las presidenciales de Guatemala en un poblado del este del país, supuestamente controlado por narcotraficantes, fue suspendida por amenazas de muerte contra las autoridades electorales, informó el ministro del Interior, Enrique Degenhart.

"La junta electoral renunció y dicho proceso electoral en ese municipio (San Jorge) quedó suspendido", dijo el ministro en rueda de prensa.

Degenhart comentó que un grupo de pobladores inconformes protestaron el sábado por supuestas irregularidades en las cajas donde iban embaladas las papeletas de votación.

La situación se tornó violenta y surgieron amenazas de muerte contra los integrantes de la junta electoral local, los cuales renunciaron este domingo.

El municipio de San Jorge, en el departamento de Zacapa, tiene una fuerte presencia de carteles locales de drogas, y una decena de sus líderes han sido extraditados a Estados Unidos acusados de narcotráfico.

El ministro comentó que las fuerzas de seguridad están listas para contrarrestar este tipo de incidentes.

Con información de Reuters y AFP.