Los sindicatos griegos han convocado para el miércoles una nueva huelga general contra las últimas medidas de austeridad que prepara el gobierno para seguir recibiendo asistencia financiera internacional.

Los prestamistas internacionales parecen divididos sobre la estrategia que deben adoptar frente al país, cuya economía sigue hundiéndose en la recesión por quinto año consecutivo después de dos multimillonarios planes de rescate financiero acordados desde mayo de 2010.

Refiriéndose el lunes en Washington al "problema del financiamiento" de Grecia, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, destacó el "inmenso retraso en el proceso de privatización (...) y la recaudación limitada de ingresos fiscales".

Pero en un país a mal traer donde el partido neonazi Aurora Dorada, que entró en el Parlamento en junio, no cesa de subir en los sondeos, la propia sociedad llegó a un punto de tensión extremo debido a las medidas de austeridad aplicadas desde hace más de dos años.

Después de lo visto en las violentas manifestaciones de febrero contra el costo del segundo plan de socorro, el clima actual hace temer al politólogo Ilias Nikolakopulos que ocurra un "accidente" en las manifestaciones del miércoles.

La medidas de ajuste en discusión, que combinan recortes de salarios, pensiones y ayudas sociales y reformas estructurales para modernizar el Estado, favorecer la competencia y luchar contra la corrupción, deben permitir a Grecia reducir sus gastos públicos en 11.600 millones de euros. También se prevé que la recaudación fiscal aumente en 2.000 millones de euros.

La aprobación del Parlamento a estas disposiciones es la condición para conseguir 31,500 millones de euros de préstamos de la UE y el FMI, que forman parte del segundo plan de rescate del país y estarían destinados sobre todo a recapitalizar los bancos.

Pero los tres responsables de la troika de acreedores institucionales (UE-FMI-BCE) partieron el viernes de Grecia sin haber conseguido un acuerdo sobre las medidas, y la prensa griega destacó sobre todo la intransigencia del representante del FMI, que habría exigido aún más recortes.

En febrero, Grecia se había comprometido a llevar en 2014 su déficit presupuestario a los márgenes europeos, a 2.1% del PIB, pasando por un 7.3 en 2012 y un 4.6% en 2013.

Ahora, Atenas quiere obtener dos años más para lograr ese objetivo, para salir del círculo recesivo en el que ha caído.

La austeridad impuesta por los acreedores para solucionar la crisis financiera ha provocado una caída del consumo y de la actividad, en tanto el PIB está en caída libre.

De esto resulta que para cumplir los objetivos de ajuste presupuestario, hay que hacer cada vez más drásticas las medidas de austeridad, la que a su vez alimenta la recesión, la crisis económica y como consecuencia la contestación.

Los griegos ven así caer sus ingresos con los recortes y los impuestos más elevados a asalariados, funcionarios y jubilados, sin que se aborde el problema endémico de la evasión fiscal.

En los mercados reinaba nerviosismo en cuanto a la conclusión de esta nueva apuesta, sobre todo después de rumores de la revista alemana Der Spiegel y desmentidos del gobierno griego acerca de un déficit global de financiación de 20,000 millones de euros que habría que cubrir.

Alemania, principal acreedor europeo, advirtió hace ya unos meses que descartaba volver a solicitar a sus contribuyentes financiar un tercer plan de ayuda.

El representante griego ante el FMI destacó la semana pasada que toda ayuda suplementaria, más allá de los dos paquetes de rescate de 110,000 y 130,000 millones de euros ya acordados, le correspondería a la UE.