Madrid.- El gabinete español aprobó por decreto la cuestionada reforma del mercado laboral, pero el proyecto, con el que se busca dar un impulso a la alicaída economía, deberá ser ratitificado en el Parlamento, donde el Gobierno no tiene mayoría.

La aprobación se produce justo cuando los sindicatos han convocado la primera huelga general que vivirá el país desde el 2002. Los grupos políticos contrarios al Ejecutivo se han mostrado hasta ahora tibios sobre su apoyo al texto, el cual busca flexibilizar el mercado laboral español.

No obstante, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que espera contar con amplio respaldo parlamentario en la tramitación del texto como proyecto de ley y anticipó que la reforma aprobada el miércoles incluye ya las sugerencias de algunos de los grupos.

"El Gobierno confía en que una reforma como ésta (...) pueda hacerse con el mayor grado de acuerdo (...) estos días hemos contactado con los distintos grupos parlamentarios para conocer sus criterios de fondo, criterios que en algunos casos incluso se han incorporado ya a la iniciativa que aprobamos hoy", dijo.

El decreto deberá ser convalidado por el Parlamento el próximo 22 de junio y su tramitación como proyecto de ley permitirá a los grupos un margen de negociación sobre diversos aspectos.

Con una tasa de desempleo superior al 20%, la reforma del mercado laboral ha sido mencionada insistentemente como urgente para España tanto porte de analistas y economistas como por las instituciones financieras internacionales.

"Se trata de una reforma con la que el Gobierno quiere lograr que la recuperación económica se traduzca en más y mejor empleo, una más y mejor flexibilidad (...) va a contribuir a incrementar la productividad y la competitividad", dijo la vicepresidenta.

Con el riesgo país -medido por el diferencial de la deuda española frente a la alemana- en máximos desde la constitución del euro, el Banco de España insistió el miércoles en la necesidad de encarar con urgencia reformas estructurales, entre ellas las del mercado de trabajo y las pensiones.

El ministro de Trabajo Celestino Corbacho afirmó que la tramitación como ley en el Congreso del decreto aprobado el miércoles podría requerir de un plazo de un año.

"(...) Debido a la importancia y a querer el concurso de la máxima participación, el Gobierno entiende que ese modelo deberá hacerse mediante la tramitación de un proyecto de ley en el plazo de un año", dijo Corbacho en rueda de prensa posterior al encuentro de gabinete.