En teoría, Juan es un ciudadano estadounidense comprometido. Su certificado oficial de nacimiento muestra que fue atendido por una partera en Brownsville, en el extremo sur de Texas. Además, había pasado toda su vida portando uniformes oficiales de Estados Unidos: tres años como soldado del Ejército, después como cadete de la Patrulla Fronteriza, y ahora como custodio estatal.

Pero cuando Juan, de 40 años, solicitó renovar su pasaporte estadounidense, este 2018, la respuesta del gobierno lo demolió. En una carta, el Departamento de Estado le decía que no creía que fuera ciudadano estadounidense.

Más tarde, Juan se enteraría de que es uno de un creciente número de personas cuyos documentos oficiales dicen que nacieron en Estados Unidos pero a quienes se les ha estado denegando el pasaporte, quedando su ciudadanía súbitamente en duda.

La administración Trump está acusando a cientos, posiblemente miles, de hispanos a lo largo de la frontera de tener actas de nacimiento apócrifas desde que eran bebés y está procediendo a impugnar su ciudadanía.

El Departamento de Estado dijo que “no ha cambiado la política o práctica relativa a la resolución de solicitudes de pasaporte”, y que la región fronteriza con México es una zona del país donde se ha registrado una considerable incidencia de fraude en ciudadanía”.

Pero los casos analizados por The Washington Post y entrevistas con abogados de inmigración indican un drástico cambio en la expedición de pasaportes y aplicación de las leyes migratorias.

En algunos casos, solicitantes de pasaporte que presentan actas de nacimiento oficiales de Estados Unidos están siendo encarcelados en centros de detención migratoria e ingresados a proceso de deportación.

Otros se han quedado estancados en México tras haber sido revocados sus pasaportes al tratar de volver a Estados Unidos.

“He tenido unas 20 personas que han sido puestas en centros de detención (...) ciudadanos estadounidenses”, dijo Jaime Diez, abogado en Brownsville.