Damasco. La represión se intensificó en Siria, donde las fuerzas del régimen mataron a 34 civiles y lanzaron una ofensiva en dos ciudades rebeldes, mientras la Liga Árabe pide la intervención de la ONU.

El secretario general de la Liga Árabe acudirá el próximo sábado a la sede de la ONU en Nueva York para solicitar el apoyo del Consejo de Seguridad al plan de salida de crisis propuesto por ese organismo regional.

El lunes está prevista una reunión con el Consejo de Seguridad para "pedirle que ratifique" el plan, indicó el secretario general de la Liga Árabe, Nabil al Arabi. Sin embargo, esta instancia de Naciones Unidas está dividida, ante la oposición de Rusia a toda acción hostil contra Damasco.

La iniciativa prevé que el presidente Bashar al Asad entregue el poder a su vicepresidente.

Aprovechando esas divisiones, el régimen mantuvo sus operaciones militares contra la revuelta. Según el opositor Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), 49 personas murieron, de los cuales 34 eran civiles, ocho soldados y siete desertores.

En Homs, uno de los focos del movimiento, el ejército lanzó una ofensiva y mató a 26 civiles, entre ellos nueve niños, indicó el OSDH, con sede en Gran Bretaña.

En la ciudad rebelde de Hama, cuatro civiles murieron, según la misma fuente. Otro civil murió en la provincia de Idleb, y dos en los alrededores de Damasco.

En la provincia de Deraa, un adolescente murió por disparos indiscriminados de las fuerzas de seguridad contra una manifestación estudiantil en la ciudad de Nawa, según el Observatorio, que cita a habitantes.

Las fuerzas sirias lanzaron otra ofensiva contra Duma, a 20 km de la capital, y enfrentaban la resistencia de soldados desertores, que tomaron brevemente la ciudad el 21 de enero, indicó el OSDH, precisando que más de 200 personas fueron detenidas.

Por su lado, Naciones Unidas, la Cruz Roja y Francia condenaron el asesinato el miércoles de un responsable de la Cruz Roja siria, Abdelrazak Jbeiro. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió al gobierno sirio "investigar este crimen", cuya responsabilidad se atribuyen recíprocamente el poder y los rebeldes.

Las autoridades se niegan a reconocer la amplitud del movimiento opositor lanzado hace diez 10 meses, y dicen luchar contra "bandas terroristas a sueldo del extranjero", que prometen destruir.

En ese contexto han restringido fuertemente la libertad de circulación de la prensa extranjera, y las fuentes de información en el país son escasas.