El tribunal de casación de París pronunciará el 18 de febrero su decisión sobre el recurso presentado por el argentino Mario Alfredo Sandoval, cuya extradición reclama Argentina, que lo acusa de haber sido un torturador durante la dictadura militar (1976-1983).

El tribunal de casación, la más alta instancia judicial francesa, examinó, en ausencia de Sandoval, el recurso presentado por éste después que el tribunal de apelación se pronunciara el 28 de mayo pasado en favor de su extradición.

Este tribunal dio un dictamen favorable a la extradición pero sólo por un delito, la desaparición del estudiante Hernán Abrieta en octubre de 1976, considerando que los otros cargos de que se lo acusa en Argentina están prescritos o no le pueden ser imputados a título personal.

Sandoval presentó el 3 de junio un recurso ante el tribunal de casación contra ese dictamen favorable a su extradición.

En la audiencia del miércoles 21 de enero, la defensa de Sandoval reclamó la anulación de la decisión del tribunal de apelación alegando, además de problemas de procedimiento, la falta de motivos y contradicciones en la causa analizada por la cámara de instrucción, y contestando la retroactividad de la noción de crimen contra la humanidad aplicada a su caso.

El fiscal general contestó las críticas a los motivos avanzados por la anterior instancia, considerando que no corresponde a la justicia francesa juzgar los hechos en caso de pedido de extradición. "La corte dio su recomendación sobre la extradición y no juzgó los hechos", dijo.

Jurisprudencia ruandesa

Pero el fiscal dio razón a la defensa al considerar asimismo que no puede aplicarse la noción de crimen contra la humanidad a delitos cometidos en Argentina antes de que tal noción fuera introducida en el derecho argentino. Al respecto invocó la jurisprudencia creada por este mismo tribunal en febrero de 2014, cuando se opuso a la extradición de tres ruandeses reclamados en su país por presunta implicación en el genocidio de 1994.

Cuestionó asimismo la aplicación de la noción de crimen continuo hasta la constatación de la muerte en el caso de desaparición forzada.

Al terminar la audiencia, la abogada del Estado argentino, Sophie Thonon, no ocultó un cierto pesimismo.

"Hay que esperar la decisión del juez, pero la conclusión del fiscal es que hay bases para anular la decisión del tribunal de apelación", declaró Sophie Thonon a la AFP.

El recurso en casación en Francia implica "un procedimiento en el cual no hay ningún abogado para las víctimas ni ningún abogado que defienda el pedido de extradición tal como fue presentado por la justicia argentina, es decir que no hay manera de contestar la posición del fiscal", explicó la abogada, que asistió a la audiencia en la parte reservada al público.

Thonon cuestionó en particular los argumentos del fiscal sobre el crimen contra la humanidad y sobre la desaparición forzosa.

"Según el fiscal, el crimen de desaparición es un crimen que en el mejor de los casos termina cuando vuelve la democracia", lo que "está en contradicción con la Convención sobre la desaparición forzada, de la cual Francia es firmante", dijo, recordando una jurisprudencia francesa en ocasión de un proceso contra responsables de la dictadura chilena.

Cuestionó asimismo la jurisprudencia relativa a Ruanda respecto a la no retroactividad de ley, explicando que "el crimen de lesa humanidad existe en derecho francés y en derecho argentino" y el tribunal de casación tiene "la posibilidad de retener el principio de doble incriminación".

Si el tribunal de casación confirmara la decisión de la instancia anterior, correspondería al ejecutivo francés la decisión de emitir o no una orden de extradición. De lo contrario, la decisión de la justicia francesa será definitiva.

Mario Sandoval, que reside en Francia desde que se restauró la democracia en Argentina y obtuvo la nacionalidad francesa en 1994, es acusado por justicia argentina de los cargos de "torturas, torturas que causaron muerte" y "privación ilegal de libertad agravada", cuando era policía.

Los hechos habrían ocurrido entre octubre de 1976 y septiembre de 1979 en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), centro de detención ilegal por donde transitaron unos 5,000 detenidos-desaparecidos, algunos de los cuales fueron lanzados desde aviones al Río de la Plata.

Según las organizaciones humanitarias, unas 30,000 personas fueron víctimas de la dictadura militar argentina.

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