La fiscalía de Perú incautó el lunes cinco inmuebles y cuentas bancarias relacionadas al expresidente Ollanta Humala, en el marco de una investigación sobre lavado de activos vinculada a donaciones por parte de la firma brasileña Odebrecht para la campaña política del exmandatario.

Humala -que gobernó el país entre el 2011 y el 2016- y su esposa Nadine Heredia recuperaron su libertad hace una semana tras nueve meses de prisión preventiva, a la espera de una acusación formal por presuntamente haber adquirido propiedades con fondos ilícitos de la constructora Odebrecht.

El exmandatario y su esposa niegan las acusaciones.

La "incautación de los inmuebles implica su desposesión y entrega a (la estatal administradora de bienes) Pronabi, debido a que han sido adquiridos presuntamente con dinero ilícito", dijo el Ministerio Público a través de la red social Twitter.

 

El ministerio dijo que la incautación de los inmuebles en Lima de Humala y de otros investigados no implica la búsqueda de pruebas y ordena también la incautación de cuentas bancarias.

El abogado del expresidente, César Nakazaki, rechazó la medida y afirmó que la acción sería una "venganza" porque el Tribunal Constitucional había ordenado la libertad de Humala al considerar que la prisión preventiva es una figura excepcional.

Humala dijo que apelará la medida mientras la fiscalía le dio plazo hasta la noche para abandonar la casa donde vive con su familia. "No tenemos otra vivienda (...) invoco al Presidente a que mire con preocupación esta situación, ningún expresidente está libre de que pueda pasarle esto", dijo a periodistas.

Otro de los abogados del expresidente, Wilfredo Pedraza, dijo que ante el "abuso" acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solicitar velar los derechos de Humala.

El expresidente ejecutivo de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, dijo que la empresa entregó 3 millones de dólares a Humala por órdenes del Partido de Trabajadores de Brasil del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, quien habría respaldado su campaña política por razones ideológicas, según la fiscalía peruana.

Pero hasta ahora los fiscales no han presentado cargos formales y muchos argumentaban que su prisión era injusta, especialmente porque otros políticos investigados están libres.