La fiscalía general de Brasil pidió este miércoles 16 de diciembre que el presidente de la cámara de Diputados Eduardo Cunha, que abrió el proceso de juicio político a la mandataria Dilma Rousseff, sea apartado del cargo por haber actuado "en beneficio propio".

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La solicitud, presentada ante la Corte Suprema, está relacionada con maniobras de este poderoso legislador para obstaculizar investigaciones de la justicia y del Congreso que buscan probar que cobró sobornos por al menos 5 millones de dólares en el marco de la gigantesca trama de corrupción en Petrobras y luego los traspasó a cuentas secretas en Suiza.

"La Procuraduría General de la República señala en su pedido once hechos que comprueban que Eduardo Cunha usa su mandato de diputado y el cargo de presidente de la cámara para constreñir e intimidar a congresistas detenidos que colaboran con la Justicia, abogados y agentes públicos, con el objetivo de enredar y retrasar las investigaciones" sobre su propio accionar, dijo el organismo en un comunicado.

El pedido fue cursado por el fiscal general Rodrigo Janot, cabeza de las investigaciones del monumental fraude a la petrolera estatal, que le costó más de 2.000 millones de dólares en pérdidas a la firma y arrastró a prisión a varios de los principales empresarios de la construcción del país y a numerosos políticos, mayormente del gobernante Partido de los Trabajadores (PT, izquierda).

El pedido "es un intento de desviar el foco del juicio de hoy", dijo Cuinha sobre el proceso que adelanta el Supremo para definir el formato que tendría el juicio político a Rousseff, tras congelar el procedimiento la semana pasada por un reclamo judicial del oficialismo.

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Cunha es una de las figuras más prominentes de la crisis política y económica que conmueve a Brasil.

Enfrentado con Rousseff, este legislador es un fino conocedor de la cámara, lo que le ha permitido valerse de reglamentos internos para entorpecer procesos contrarios a sus intereses, según sostienen públicamente muchos de sus colegas en el Congreso.

Cunha ha asestado duras derrotas al gobierno a lo largo de 2015, y después de agitar durante meses el fantasma del impeachment, poco antes de fin de año decidió aceptar un pedido de un grupo de juristas para destituir a Rousseff. Su decisión le valió el apoyo de buena parte de la oposición, que quiere ver a Rousseff lejos del Palacio de Planalto.

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El oficialismo lo acusa de haber hundido aún más al país en el caos al iniciar el proceso de juicio político el mismo día que el PT hizo público que apoyaría la investigación contra él en el Congreso.

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