El juez Daniel Rafecas, experto en derechos humanos y en el Holocausto, tomará el caso del supuesto encubrimiento de la presidenta Cristina Kirchner a exgobernantes iraníes por un atentado antijudío en 1994, denuncia elevada por un fiscal aparecido muerto misteriosamente el 18 de enero.

La decisión fue tomada por la Cámara Federal para saldar la discusión jurídica entre Rafecas y otros dos jueces sobre quién de ellos debía ocuparse del expediente, informó el oficial Centro de Información Judicial (CIJ).

Cuatro días antes de a parecer muerto en su apartamento con un disparo en la cabeza, en oscuras circunstancias, Nisman acusó a la mandataria de proteger a los iraníes.

El expresidente iraní Ali Rafsanjani es uno de los sospechosos del ataque a la mutual judeo-argentina AMIA, con un saldo de 85 muertos y 300 heridos.

El caso dividió al país entre quienes piensan que Nisman fue una víctima del gobierno y los que denuncian un complot internacional para desacreditar a Kirchner impulsado por poderosos exagentes de los servicios de inteligencia echados de sus puestos el 17 de diciembre pasado.

Rafecas juzgó a militares de la dictadura (1976-83) por delitos de lesa humanidad y por sus estudios sobre la Shoá que perpetraron los nazis recibió los premios Derechos Humanos de la Fundación B'nai B'rith, Moisés 2011 de la Sociedad Hebraica Argentina y Gilbert Lewi de la Fundación Museo del Holocausto de Buenos Aires.

La muerte de Nisman, caratulada de "dudosa" sin que sepa aún si fue suicidio u homicidio, la investiga otra fiscal, Viviana Fein.

Fein suspendió este miércoles las vacaciones que iba a iniciar el 18 de febrero, tras críticas del gobierno que le reclamó no abandonar el caso.

"Que no se ponga la malla (traje de baño para ir a la playa). Estamos en una investigación que preocupa a todos los argentinos", dijo en rueda de prensa el secretario general y vocero de la presidencia, Aníbal Fernández.

Kirchner se encontraba este miércoles en China, donde firmó acuerdos de fuertes inversiones en energía y transportes con el gobierno de Xi Jinping.

En 2004 Nisman, con respaldo del entonces presidente Néstor Kirchner (2003-2007), acusó por el ataque a ocho exgobernantes iraníes y a un libanés.

Pero en 2011 su esposa y sucesara, Cristina Kirchner, firmó un acuerdo con Irán para poder indagar a los iraníes en Teherán, pese a la oposición del fiscal y de la dirigencia de la colectividad judía de Argentina, de unos 300,000 miembros.

El fiscal acusó a Kirchner de pedir a Interpol que levantase pedidos de captura contra los iraníes, pero el exsecretario general del organismo policial, Ronald Noble, lo desmintió.

Nisman escribió que Kirchner buscaba conseguir petróleo de Irán a cambio de encubrir a los iraníes, aunque el crudo que exporta Teherán no sirve para ser procesado en Argentina.

Investigan amenazas de muerte a Cristina Fernández

Un juez que investiga negocios hoteleros de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, denunció que fue amenazado de muerte, en medio de la conmoción que persiste por la muerte no aclarada de un fiscal.

El portal de noticias Infobae reveló en exclusiva que el juez federal Claudio Bonadio denunció que el jueves pasado recibió las amenazas a través de llamadas telefónicas que recibió su secretaria privada.

Bonadío investiga una causa judicial que inició la diputada opositora Margarita Stolbizer, quien denunció anomalías en la estructura societaria de Hotesur, una empresa en la que la presidenta y su familia tienen acciones.

En noviembre pasado, el juez solicitó las declaraciones impositivas y patrimoniales de Fernández, de su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner, y de los hijos de ambos, Máximo y Florencia, ya que el delito que se persigue es el de lavado de dinero.

También pidió las declaraciones juradas que Kirchner presentó de 2008 a octubre de 2010, fecha en la que falleció, así como de uno de sus amigos y principal beneficiario de la obra pública durante los últimos 10 años, Lázaro Báez.

El juez debe investigar los nexos que hay entre Hotesur y el grupo empresarial formado por Báez, quien ya está involucrado en varias causas por sospechas de lavado de dinero.

En respuesta, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, denunció a Bonadío ante el Consejo de la Magistratura por presunto mal desempeño de sus funciones y logró que se le redujera 30 por ciento de su salario.

Además exigió un juicio político en su contra al considerar que es un juez que extorsiona a través de sus causas judiciales, esto lo sabe todo el mundo, es un pistolero .

El funcionario recordó que, en 2005, Bonadío fue apartado de la investigación por el ataque terrorista sufrido en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) por haber protegido a su jefe político , Carlos Corach, quien fue ministro del Interior durante el segundo gobierno de Carlos Menem (1995-1999).

Los antecedentes de Bonadío toman relevancia ahora, en medio de la crisis desatada por la muerte de Alberto Nisman, el fiscal que investigaba la causa AMIA y que acusó a la presidenta de pactar con Irán la impunidad de terroristas.

Con información de AFP y Notimex

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