Los extranjeros inversionistas que buscan obtener un permiso de residencia permanente en Estados Unidos tendrán ahora que gastar más dinero en el país, en una reforma a un sistema que ha sido criticado por una parte de la clase política.

El programa EB-5 fue creado en 1990 por la administración estadounidense para estimular la economía del país -en ese entonces en crisis- mediante la creación de puestos de trabajo y la inversión de capital extranjero.

Permite obtener un permiso de residencia permanente, la famosa "green card", a cambio de una inversión de un millón de dólares en una empresa que también debe crear al menos diez empleos en el país, o 500,000 dólares en un área rural o económicamente deprimida.

Según el texto presentado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el piso de la inversión se elevó a 900,000 dólares en áreas rurales o con una alta tasa de desempleo y a 1.8 millones de dólares en áreas de "alto empleo".

La reforma debe registrarse en el diario oficial el miércoles y deberá entrar en vigor a fines de noviembre.

El senador republicano Chuck Grassley, quien abogó por la reforma, saludó el martes una medida "que no solo traerá más integridad a nuestro sistema de inmigración, sino que también traerá nuevos aportes de empleo en Estados Unidos".

Grassley criticó el programa actual diciendo que desviaba "inversiones de áreas rurales y económicamente frágiles" y presentaba riesgos para la seguridad nacional.

En mayo de 2017, la hermana de Jared Kushner, yerno y asesor del presidente Donald Trump, había asomado esta visa a posibles inversionistas durante una presentación comercial de la empresa inmobiliaria familiar en China.

Nicole Kushner Meyer también mencionó el nombre de su hermano mientras buscaba una inversión de 150 millones de dólares para un proyecto de departamentos de lujo en Nueva Jersey.

La mención de Jared Kushner causó preocupación por un posible incumplimiento de las reglas de conflicto de intereses. Kushner Companies emitió una disculpa.

En ese momento, la senadora demócrata Dianne Feinstein, denunció que era un programa donde "la visa y la ciudadanía están a la venta" y que "a menudo era explotada por los promotores inmobiliarios para financiar sus proyectos".