El 12 de febrero comenzó en Madrid el juicio al proceso independentista catalán contra 12 funcionarios públicos acusados de rebelión, sedición, malversación de fondos públicos o desobediencia en la organización del referéndum de independencia del 1 de octubre del 2017.

Robert González, miembro de la Assemblea Nacional Catalana- Mèxic, consideró que el gobierno de España agrava la crisis permanente que existe con Cataluña desde el 2010 (cuando el Tribunal Constitucional echó abajo el Estatuto de Autonomía de Cataluña del 2006), al socavar la democracia y la lucha por la independencia, además de que el juicio es meramente político y no judicial.

“No hay ninguna ley en España que prohíba consultar a la población sobre algún tema. En la Constitución española se reconoce el derecho a la participación”, dijo.

González detalló que tampoco hay lugar para el delito de rebelión. Éste está tipificado en el código español que incluye el uso de la violencia o asociarse con potencias extranjeras con la intención de derrocar al gobierno o al Estado, y eso no se dio en la cuestión catalana.

Asimismo, recordó que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, había demostrado que no se utilizó ni un solo euro para la organización del referéndum, las contribuciones salieron de la sociedad civil catalana, no hubo dinero político y España no presentó pruebas para demostrar lo contrario.

“España construye un relato cínico y surrealista. Es una actitud vengativa contra la voluntad del pueblo catalán a la autodeterminación. Ha cometido muchas violaciones y ha vulnerado los derechos humanos como el abuso en la detención preventiva. No ha garantizado un juicio justo a los acusados, entre otras. Esperamos que la comunidad internacional pueda hacer algo a favor de Cataluña”, concluyó.