Managua, Nic. En medio de la creciente crisis política en Nicaragua, líderes de la oposición de una ciudad histórica para la revolución socialista de Daniel Ortega anunciaron al inicio de esta semana que ya no reconocen el liderazgo del presidente y que, por lo tanto, crearán una comisión para autogobernarse.

La ciudad se llama Masaya, se encuentra a unos 24 kilómetros al sur de la capital, Managua; fue un bastión de apoyo para Ortega y sus rebeldes sandinistas que derrocaron al dictador Anastasio Somoza en 1979. Durante las últimas semanas, Masaya ha sido controlada por manifestantes a través de un laberinto de barricadas tripuladas por ciudadanos, con el ayuntamiento abandonado y la policía agazapada.

Estos líderes culpan a Ortega de la muerte de más de 200 personas en los últimos dos meses. En lugar de ser gobernados por el actual presidente, crearán una “junta de salvación nacional” conformada por cinco miembros cuyo objetivo será administrar a Masaya. Entre sus primeras tareas se encuentran la limpieza de la ciudad y el reabastecimiento de alimentos debido a que las calles han estado bloqueadas.

“Lo que vamos a hacer de manera inmediata es hacer oficial la decisión”, dijo Yubrank Suazo, coordinador del movimiento de protesta en Masaya, sobre la nueva comisión de gobierno. “De hecho, Masaya no ha reconocido a este gobierno durante semanas”.

Lo que ocurre en Masaya refleja la división que existe entre Ortega, quien actualmente gobierna por tercera ocasión consecutiva, con vastas extensiones de Nicaragua a medida que la violencia se extiende.

Ortega y su esposa, Rosario Murillo, han tenido un poder casi total durante años, pero las protestas detonadas el pasado abril debido a una reforma a la seguridad social se transformaron rápidamente en un movimiento nacional que exige democracia y justicia.

El movimiento fue creciendo al mismo ritmo en que crecía la represión de la policía y de las milicias progubernamentales en contra de la población.

Escena dantesca

El sábado pasado ocurrió uno de los incidentes más lamentables desde que comenzaron los disturbios. Pistoleros incendiaron un edificio en el barrio Carlos Marx de Managua y quemaron vivos a una familia de seis personas, incluidos dos niños pequeños, que quedaron atrapados, según vecinos y testigos.

“Logré salir de la habitación, y desde un balcón en el segundo piso me tiré a la calle”, dijo Cinthia Velásquez, miembro de la familia que sobrevivió al incendio.

Velásquez dijo que se despertó el sábado por la mañana debido a que había mucho ruido, miró hacia afuera y observó a un grupo de hombres armados enmascarados acompañados por la policía. Los hombres derribaron una puerta, encerraron a la familia y comenzaron a disparar y arrojar cócteles molotov, dijo.

Su padre, Óscar Velásquez, un pastor protestante de 47 años que se ganaba la vida vendiendo colchones, murió en el incendio, junto con su esposa, Maritza López, y su hijo, su respectiva pareja y sus dos hijos, uno de tres años de edad y el otro de tres meses.

“No pudimos salvarlos porque cuando la gente comenzó a salir de sus casas para ayudar, la policía nos disparó”, dijo Nahun Doña, uno de los vecinos que intentó ayudar.

Familiares y vecinos dijeron que no conocen la razón por la que fuerzas del gobierno atacaron a la familia. El vecindario es un bastión de manifestantes y está lleno de barricadas. Algunos especularon que la policía quería el edificio para subir a francotiradores y la familia se negó.

El canciller Denis Moncada Colindres negó que las fuerzas de seguridad estuvieran involucradas en el incendio y atribuyó el crimen a “grupos delictivos que merodean por el barrio”.

Más allá de lo que diga el gobierno, la violencia continúa y las bandas itinerantes de milicianos progubernamentales acusados de otros homicidios y secuestros han frustrado los intentos de diálogo.

El pasado lunes, líderes estudiantiles que se han manifestado y grupos de la sociedad civil de Managua dijeron que se levantaban de la mesa de negociación con el gobierno de Ortega, al menos temporalmente, porque el presidente no había invitado a Naciones Unidas, a la Unión Europea y a grupos de derechos humanos a participar en la discusión.

“No podemos seguir hablando con este gobierno, que no tiene voluntad política ni sensibilidad sobre los derechos humanos”, dijo Azahalea Solís, un miembro de la sociedad civil involucrado en las conversaciones, según el diario La Prensa.

El gobierno de Ortega comentó el lunes que durante el diálogo su delegación había planteado “nuestra mayor preocupación por la trágica escalada de violencia que sufre nuestro pueblo nicaragüense”. El gobierno dijo que las discusiones continuarían y que trabajaría “sin descanso para detener el violencia y restablecer nuestra forma de vida segura”.

Paro indefinido

La semana pasada, manifestantes en toda Nicaragua realizaron un paro nacional durante un día. En algunos lugares, como la ciudad de León, los manifestantes dijeron que permanecerán en huelga indefinidamente hasta que Ortega y Murillo renuncien.

En Masaya, que ha sido escenario de batallas callejeras entre policías, milicianos y manifestantes, unas 20 personas han muerto en las últimas semanas, según han informado grupos de derechos humanos. El control de un hospital público de la ciudad ha sido arrebatado.

“Masaya está en huelga, no hay presencia del gobierno central, ni del gobierno municipal, y es lógico que frente a tanta represión y muerte la población no se sienta representada”, dijo Álvaro Leiva, director de la Asociación Nicaragüense de la Mujer en Defensa de los Derechos Humanos.

La crisis crece día a día.