Lérida. Símbolo para algunos de la libertad de expresión en España, el rapero Pablo Hasél fue detenido y encarcelado el día de ayer para cumplir una pena de nueve meses de cárcel por unos tuits atacando la monarquía y las fuerzas de seguridad.

Manifestaciones en su apoyo tuvieron lugar en Barcelona y otras ciudades del país. En Barcelona, unos 1.700 manifestantes gritaron "Libertat para Pablo" y "No estás solo". Algunos manifestantes encapuchados quemaron contenedores de basura y lanzaron objetos a la policía.

Podemos, partido del vicepresidente Pablo Iglesias, avisó que ya han registrado una petición de indulto para el rapero. “En las primeras horas registraremos la petición para acabar con esta anormalidad democrática”, avisó su portavoz a través de Twitter.

Condenado a nueve meses de cárcel por unos tuits publicados entre 2014 y 2016, Hasél es acusado por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y las fuerzas de seguridad.

En los mensajes, el rapero arremetía contra la monarquía y llamaba, por ejemplo, "mercenarios de mierda" a las fuerzas policiales y las acusaba de torturar y asesinar a manifestantes e inmigrantes.

En una entrevista telefónica con AFP, Hasél había dicho el viernes que no se entregaría.

"Tendrán que venir ellos a secuestrarme y también servirá para que el Estado quede retratado como lo que es: una falsa democracia", dijo desafiante.

El lunes, ante los rumores de una detención inminente, se atrincheró en el edificio del rectorado de la universidad de su ciudad natal junto a decenas de jóvenes que querían dificultar su arresto.

Los agentes policiales llegaron sobre las 6:30 horas y, pese a encontrarse algunas barricadas y contenedores para impedir su acceso, pudieron desalojar a los activistas sin "incidentes graves", comentó un portavoz.

Unos 200 artistas, entre ellos el director de cine Pedro Almodóvar, el actor Javier Bardem y el cantautor Joan Manuel Serrat, firmaron un manifiesto en su defensa.

Incomodidad del gobierno

El escándalo incomoda al gobierno de izquierdas del socialista Pedro Sánchez, cuya portavoz María Jesús Montero reconoció la semana anterior que no había "proporcionalidad" en la condena al rapero.

Su vicepresidenta Carmen Calvo evitó pronunciarse el día de ayer sobre la decisión judicial, pero reiteró la voluntad del gobierno de revisar este tipo de delitos para que no sean sancionados con penas de cárcel.

"En el ámbito de la libertad de expresión debe haber una horquilla de comprensión y tolerancia propia de una democracia madura como la nuestra", dijo tras la reunión del Consejo de Ministros. Quien sí presiona a favor del indulta es Pablo Iglesias.