Caracas. La detención de un diputado opositor, señalado de estar vinculado al intento de atentado contra el presidente Nicolás Maduro, la orden de detención de Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional y el anuncio de la oficialista Asamblea Constituyente de que levantará la inmunidad de algunos congresistas desataron este miércoles nuevas tensiones en Venezuela que amenazan con profundizar la crisis que golpea al país sudamericano.

A pocas horas de que la Constituyente proceda a levantar la inmunidad de algunos diputados, la Asamblea Nacional —controlada por la oposición— descartó que vaya a reconocer esa decisión y acusó a esa instancia de usurpar funciones del Legislativo.

La directiva del Congreso condenó en un comunicado la detención del diputado Juan Requesens, de 29 años, y acusó al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) —la policía política— de secuestrar y violar el debido proceso del congresista, quien fue sacado por la fuerza la noche del martes de su departamento junto a su hermana, una dirigente estudiantil.

“Nuestra constitución es clara y dice que para allanar la inmunidad parlamentaria hay una Asamblea Nacional”, dijo el vicepresidente del Congreso, Julio César Reyes, al anunciar que es posible que el Legislativo acuda a instancias internacionales para denunciar las acciones de la Constituyente y la detención de Requesens.

Pdvsa elude incautación

La petrolera estatal venezolana PDVSA ha limitado los daños producidos por una caída sin precedentes en sus exportaciones petroleras mediante la transferencia de barriles entre tanqueros en el mar y el despacho de buques desde la vecina Cuba para evitar incautaciones de activos, informa la página web La Patilla.

La nación latinoamericana registra este año la tasa más baja de producción de petróleo en tres décadas después de una prolongada falta de inversión.

Los problemas de PDVSA se agravaron en mayo cuando la petrolera estadounidense ConocoPhillips comenzó a embargar activos de PDVSA en el Caribe en busca del pago de un laudo arbitral de 2,000 millones de dólares.

Un pánel de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional ordenó a PDVSA compensar a Conoco por la expropiación en el 2007 de los activos venezolanos de la empresa.

La retención de activos y cargamentos dejó a PDVSA sin acceso a instalaciones como la refinería Isla en Curazao y la terminal BOPEC en Bonaire, desde las cuales se despachaba casi una cuarta parte de las exportaciones de la compañía.

Las acciones de Conoco también obligaron a PDVSA a cesar el envío de petróleo en buques propios y rentados a terminales en el Caribe y desde allí a refinerías de todo el mundo, para evitar el riesgo de que los cargamentos fuesen incautados en puertos extranjeros.

PDVSA solicitó a sus clientes que fletaran embarcaciones para carga en puertos venezolanos o mediante transferencias desde tanqueros que están actuando como unidades de almacenamiento flotante cerca de sus terminales.