Bogotá. En medio de la caída de los ingresos petroleros, el próximo presidente de Colombia tendrá que empujar, cuanto antes en el Congreso, impopulares reformas fiscales para evitar que el país pierda el codiciado grado de inversión y el flujo de inversiones que viene con él.

El país sudamericano celebrará elecciones el domingo para escoger al sucesor del presidente Juan Manuel Santos, con una economía en recuperación después de golpes como el escándalo de Odebrecht, que frenó proyectos de infraestructura, provocó huelgas de camioneros y agricultores y fenómenos climáticos.

Pero se espera que el presidente se defina en una segunda vuelta en junio, probablemente entre el derechista Iván Duque, que representa continuidad en la política económica, y el izquierdista Gustavo Petro, que busca una revisión profunda del modelo.

“Si yo, como gobierno no me ocupo de mostrar una consolidación fiscal en los primeros seis meses, en enero o febrero del año entrante Moody’s y Fitch nos van a hacer un downgrade”, opinó Munir Jalil, economista jefe de Citibank. “El inversionista se va a ir y va a generar un problema grave de balanza de pagos”.

Sin importar quién gane, economistas, académicos, gremios y empresarios coinciden en que el nuevo mandatario tendrá que buscar una reforma tributaria para sustituir impuestos que vencen este año y compensar el desplome de ingresos petroleros, que en los últimos tres años cayeron 40 por ciento.

De acuerdo con los objetivos anuales del país, el déficit fiscal tiene que ir disminuyendo gradualmente desde la meta de este año de 3.1% del PIB hasta 1.5% en el 2022.

S&P rebajó en diciembre su calificación crediticia a “BBB-” desde “BBB” y en febrero Moody’s redujo el panorama de su nota a negativo desde estable.