Miles de personas dieron el último adiós este sábado a la carismática dirigente indígena lenca Berta Cáceres, asesinada el jueves en Honduras, demandando justicia cuando aún no hay señales de los autores del crimen.

"Justicia, justicia", Berta vive, la lucha sigue, sigue", gritaron los asistentes al sepelio, procedentes de diferentes zonas del país, mientras trasladaban el féretro en un oficio religioso antes de ser llevado al cementerio de la ciudad natal de la líder asesinada, que era la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).

Un hermano de Berta, Gustavo Cáceres, de los primeros en reconocer el cadáver, relató a la AFP que al menos dos encapuchados ingresaron la madrugada del jueves por la parte trasera a la vivienda donde dormía, y que su hermana se levantó al escuchar ruido y se enfrentó a los hombres hasta que la sometieron fracturándole un brazo y una pierna y le dispararon al menos ocho balazos a quemarropa.

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Un activista mexicano que dormía en otra habitación, Gustavo Castro Soto, perteneciente a la organización Amigos de la Tierra México y otras agrupaciones, salió a ver qué pasaba y le dispararon hiriéndolo en un brazo. Además, una bala le rozó la mejilla, pero él fingió estar muerto y no le dispararon más.

Berta, que fue asesinada un día antes de cumplir 45 años, había vivido en la casa de su madre pero hacía dos meses se había mudado a otra vivienda. "Ahora entendemos que (mudarse) fue una forma de proteger a la familia", afirmó Gustavo.

Las autoridades detuvieron al mexicano, al guardia de la colonia y a un compañero de Cáceres en el Copinh, que luego fue liberado, informaron familiares.

Los restos fueron trasladados al cementerio acompañados por unas 10,000 personas, según estimaciones de dirigentes obreros, luego de un oficio religioso de medio de unas gradas que suben por una colina cubierta de pinos y que terminan en la fachada de una iglesia de la periferia de La Esperanza, la ciudad donde vivía y donde fue asesinada, 200 km al noroeste de Tegucigalpa.

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"¿Nos comprometemos a seguir con firmeza la causa por la que dio su vida Berta Cáceres", preguntó a la multitud el sacerdote jesuita Ismael Mareno. Todos contestaron "sí".

Al son de tambores, cánticos de negros garífunas y aplausos, el féretro recibió cristina sepultura en un cementerio de la localidad.

Según un informe del Equipo de Reflexión, Investigaciones y Comunicación (ERIC) de los jesuitas, la dirigente indígena había sido amenazada por policías, militares y paramilitares, desde que en abril de 2013 encabezó una serie de ocupaciones de carreteras y otras protestas de indígenas lencas contra una empresa hidroeléctrica china.

La compañía desistió del proyecto luego de que el Banco Mundial le retiró el financiamiento a causa de las protestas motivadas por el temor de los indígenas a que la empresa dañara el río Gualcarque.

Más recientemente apareció otra empresa de hondureños adinerados --Desarrollo Energético Sociedad Anónima (DESA)--, con otro proyecto en el mismo río y Cáceres retomó la lucha con las comunidades.

Ante las amenazas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó medidas cautelares, pero ella renunció a la protección por temor a las mismas autoridades.

Hijos piden investigación independiente

"Señalamos como responsable al Estado de Honduras porque no le brindó a Berta la protección que le exigió la CIDH, porque no investigó las amenazas y hostigamientos en su contra por parte de la Policía, militares y paramilitares", acusó ERIC en su informe.

Al contrario, se "profundizó su situación de vulnerabilidad al criminalizarla a través de acciones ilegítimas de jueces y fiscales", subrayó.

Cáceres fue acusada por la fiscalía de "portación ilegal de armas" pero ella sostuvo que policías le colocaron un pistola en el vehículo para incriminarla.

Los hijos de Cáceres, Olivia (26), Berta (24), Laura (23) y Salvador (21) pidieron en rueda de prensa que una comisión "independiente" investigue el crimen.

"Éste es un crimen político y desmentimos rotundamente que sea pasional. Responsabilizamos a la empresa de Energía y Desarrollo y al proyecto (de la hidroeléctrica) Agua Zarca", acusó Olivia. "Ella siempre denunció amenazas sistemáticas por parte de esta empresa", subrayó.

El asesinato de la ambientalista provocó reacciones de repudio en Honduras y a nivel internacional, con críticas al gobierno hondureño por no darle la protección que exigía la CIDH.

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