Madrid. La Asociación El Defensor del Paciente presentó una denuncia ante el Tribunal Supremo (TS) contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, además contra responsables de la Comunidad de Madrid, Cataluña y Castilla y León por privar presuntamente mediante órdenes establecidas la asistencia sanitaria y hospitalaria a los ancianos de las residencias durante la pandemia de la Covid-19.

La denuncia alega un presunto delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, en concurso con delito de homicidio por imprudencia; presunto delito de omisión del deber de socorro; y delitos contra el derecho fundamental a la prestación sanitaria por motivos discriminatorios contra las personas mayores en residencias. El motivo es que, “con las decisiones tomadas y las órdenes dadas, se creó un grave riesgo para la salud de cientos de personas, que por su fragilidad, y desamparo, no pudieron defender su derecho a la salud, negándoles su derecho fundamental al tratamiento necesario para la patología que padecían y del que sí se podían beneficiar otros ciudadanos”.

En su exposición de motivos recuerda que estas órdenes se establecía una relación de pacientes que podían acceder a servicios hospitalarios, estableciendo, incluso, la prohibición de que se trasladara a los mayores residentes a centros hospitalarios; igualmente, se establecieron prevalencias en relación a la preexistencia de patologías o discapacidades, para beneficiarse, por ejemplo, de un ingreso en UCI o acceder a un respirador.

Esta misma denuncia va contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, entre otros.