CHICAGO – En medio de la creciente preocupación por el cambio climático y el malestar social, los inversores institucionales cada vez más aplican criterios ambientales, sociales y de gobernanza en sus decisiones de cartera. Sin embargo, si bien es importante que los inversores consideren los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), el nuevo foco amenaza con eclipsar una cuestión mucho más relevante: el papel que juegan las corporaciones en el proceso democrático.

La Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículo 21, Sección 3) estipula que “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará en elecciones periódicas y genuinas”. La democracia, por lo tanto, es un derecho humano, lo que implica que la primera responsabilidad social de las empresas –ya sea una firma unipersonal o una compañía multimillonaria en dólares- es la de abstenerse de socavar la democracia, ya sea en el país o en el exterior.

Muchos considerarán que este punto es obvio o irrelevante. ¿Qué tienen que ver las corporaciones con la democracia? En verdad, muchas corporaciones desempeñan un papel destacado a la hora de distorsionar el proceso democrático, cuyo funcionamiento adecuado consiste en transformar la voluntad popular en acción legislativa. Permítanme ilustrar este punto con ejemplos de Estados Unidos, país al que se solía considerar la democracia más avanzada del mundo.

En 2019, la legislatura estatal de Ohio, controlada por los republicanos, sancionó el proyecto de ley House Bill 6, que otorgaba 1,000 millones de dólares en subsidios para rescatar a FirstEnergy Solutions, una planta nuclear subsidiaria de una compañía eléctrica.

El proyecto de ley no era una expresión de la voluntad del pueblo de Ohio. Por el contrario, un grupo de dinero oscuro, Generation Now, se ha declarado culpable de llevar a cabo un esquema de sobornos masivo para asegurarse la aprobación del rescate. Generation Now solventó las campañas de 21 candidatos diferentes a nivel estatal, entre ellos el vocero de la Cámara, Larry Householder, que también recibió más de 400,000 dólares en beneficios personales.

Y como si con eso no bastara, cuando los residentes de Ohio empezaron a recolectar firmas para un referendo destinado a abolir el proyecto HB6, Generation Now lanzó una campaña publicitaria donde se decía que los chinos tomarían control de la red eléctrica del estado si se imponía el rechazo. Un medio local también determinó que el grupo había “contratado ‘bloqueadores’ que seguían, cercaban, acosaban y (en un par de casos) golpeaban físicamente a quienes recogían firmas para la petición”. Más tarde se reveló que Generation Now estaba financiada con 56.6 millones de dólares de FirstEnergy Solutions, pero este escándalo nunca habría salido a la luz si no hubiera sido por una investigación del FBI.

Como este episodio parece pertenecer más a la Guatemala de los años 1950 que a los Estados Unidos del siglo XXI, ¿podemos descartarlo como un caso aislado, limitado a una compañía mala, a un solo estado o apenas al Partido Republicano? Desafortunadamente, no.

El lugar común de la política norteamericana es que “lo que sucede en Ohio, sucede en el país”. En la cercana Illinois, Exelon Corporation aceptó pagar una multa de 200 millones de dólares por un plan de soborno de larga data en el que la compañía daba empleos y contratos a asociados del portavoz de la Cámara de Illinois, Michael Madigan, líder del Partido Demócrata del estado.

Una vez más, el único aspecto inusual de esta historia es que los perpetradores fueron atrapados. Un documento reciente del Quarterly Journal of Economics ofrece evidencia sistemática de las muchas maneras en que el dinero corporativo suele canalizarse normalmente a través de organizaciones sin fines de lucro para influir en resultados políticos detrás de escena. Las acciones documentadas en el estudio son legales, pero eso no las torna socialmente responsables.

La influencia corporativa en el proceso político estadounidense no sólo está sobrecargando nuestras finanzas públicas y devastando nuestro medio ambiente; también está minando fundamentalmente nuestra democracia. La democracia merece ser preservada si cumple la función de transformar las preferencias de los votantes en políticas. Pero si no cumple con esta premisa, ¿por qué mantenerla? Después de todo, la democracia no es ni eficiente ni barata de mantener. Si los votantes no confían en que sus representantes electos los representen, les brindarán su apoyo a extremistas dispuestos a derribar al sistema corrupto.

Dado todo lo que está en juego, no interferir en el proceso democrático debería ser la principal responsabilidad social de cualquier empresa. Las consideraciones ESG son importantes, pero si una compañía no aplica el criterio D (democracia), no importa lo bien que le pueda estar yendo en las métricas de ESG. Como demuestran los escándalos de FirstEnergy y Exelon, los riesgos de jugar sucio pueden fácilmente empardar los beneficios de un supuesto alineamiento ESG. Por el contrario, si una empresa cumple con su requerimiento D, pero no con los criterios ESG, se puede de todos modos contar con que la gobernanza política ayude a reparar esos problemas que aún persistan. Es por eso que D siempre debe venir antes que ESG.

El primer principio de la inversión responsable, entonces, es garantizar que las corporaciones no estén violando o reescribiendo las reglas del juego democrático, ni en el país ni en el exterior. Esto es perfectamente posible, y empieza por exigir una total transparencia respecto de dónde se invierte el dinero corporativo. La decisión Citizen United de 2010 de la Corte Suprema de Estados Unidos puede haber despejado el camino para un dinero corporativo sin restricciones en la política, pero no protege el derecho de las corporaciones a hacer esos gastos sin informar a sus accionistas.

Hoy en día está ganando impulso una iniciativa pública para imponer este tipo de transparencia. En promedio, el respaldo a propuestas de los accionistas que exigen una divulgación del gasto político ha aumentado del 36.4% en 2019 al 48.1% en 2021. Si los tres grandes inversores institucionales –BlackRock, Vanguard y State Street- apoyan este principio, podría convertirse en la norma para todas las compañías importantes en Estados Unidos. ¿La transparencia total impediría que las corporaciones distorsionen la democracia? Sería un gran avance, porque expondría su corrupción (legal o no) no sólo ante sus accionistas, sino también ante sus clientes, empleados y reguladores. El momento de actuar es ahora. Mañana puede ser demasiado tarde.

*El autor es profesor de Finanzas en la Universidad de Chicago, es coanfitrión del podcast Capitalisn’t.