Managua. Con un profundo descontento social como telón de fondo, el gobierno de Daniel Ortega accedió a que lleguen representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y la Unión Europea (UE), para investigar los hechos violentos contra manifestantes.

La represión que inició el 18 de abril tras el estallido de las protestas contra una reforma a la seguridad social ha cobrado la vida de al menos 187 personas.

En su cuenta de Twitter, Paulo Abráo, secretario ejecutivo de la CIDH, escribió “Agradecemos la invitación”.

Anunció además que en julio llegará a Nicaragua el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que la CIDH y la OEA formaron en mayo pasado para apoyar las investigaciones sobre la violencia ocurrida en las protestas antigubernamentales.

Zeid Ra’ad Al Hussein, de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, también confirmó que ya preparan la visita, mientras que el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, precisó que la Unión Europea estaba en la misma situación.

Petición de obispos

La invitación a esos organismos es un requisito exigido por los obispos católicos para reanudar el diálogo en busca de una salida a la crisis política en Nicaragua.

La presencia de expertos de la ONU, la CIDH y de la UE es uno de los compromisos que el gobierno asumió el pasado viernes con la oposición en la mesa de diálogo que sostienen desde mayo. Sin embargo, el retraso del gobierno en invitar a las organizaciones provocó que la opositora Alianza Cívica, integrada por estudiantes, empresarios y sociedad civil, abandonara este lunes la mesa de diálogo.

Los expertos de los organismos internacionales apoyarán el trabajo de la Comisión de Verificación y Seguridad que el gobierno y la oposición crearon en el marco del diálogo para avanzar en la pacificación del país.