La tensión es permanente en los pasillos de una pensión de cinco pisos en 18 de Julio y Río Branco, donde antes funcionaba el hotel Río de la Plata, en Uruguay.

La noche del miércoles 4, los encargados le pusieron un candado a la habitación de unos venezolanos que estaban atrasados con el alquiler. Los inmigrantes junto a otros inquilinos se enfrentaron a ellos hasta que intervino la policía. Para bajar los humos, los encargados los dejaron volver a sus cuartos. Pero desde entonces, el ambiente se ha vuelto todavía más espeso que en los últimos meses.

En la planta baja de la pensión vive Yesenia, una inmigrante de República Dominicana. Ella vive con su hijo y su pareja en una pequeña habitación húmeda atiborrada de muebles y juguetes y que está dividida en dos ambientes, mediante una tela. Sus habitaciones dan a un salón en donde se juntan sillas y mesas rotas y al que también da la cocina de la que sale olor a comida de olla.

Junto con otra compañera de República Dominicana, Yesenia es la voz cantante para denunciar que la pensión está infestada de ratas y chinches. En su celular guarda una foto del tanque de agua infectado con gusanos. Además, se encarga de mostrarle a un periodista de El Observador el único baño impregnado de olor a orina que usan.

Según ella, ellos utilizan un cepillo para limpiar el baño, pero los encargados lo ensucian con las heces que quedan en el inodoro. También denuncian que los encargados les cortaron la luz y rompieron los alargues con los que se conectaban a la corriente. Sin embargo, la encargada la interrumpe y la acusa de mentir. Ambas se amenazan y se insultan.

En los pasillos de los pisos superiores, los inquilinos instalaron sus propias cocinas y mesas para comer. Entre las puertas entreabiertas, se puede ver a personas mayores con la mirada perdida en la ventana. En el último piso, la pelea es entre uruguayos.

En este panorama viven unas 128 personas entre las que se cuentan uruguayos, venezolanos, cubanos y dominicanos que pagan entre 8,000 y 12,000 pesos uruguayos (276 y 414 dólares estadounidenses) por habitaciones con y sin baño privado. A principios de enero, muchos inmigrantes, entre ellos Yesenia, se negaron a seguir pagando mientras se mantuvieran las condiciones insalubres.

Según informó El País, en marzo, la Intendencia de Montevideo dispuso la clausura de la pensión por falta de mantenimiento. En el caso de las pensiones “la comuna no desaloja gente, sólo clausura el giro del negocio, que en los hechos implica que no se pueden seguir aceptando nuevos inquilinos”, explicó el prosecretario de la comuna Christian Di Candia.

Los inquilinos que se negaron a pagar se acercaron a la ONG Idas y Vueltas que les aconsejó asesorarse con el Consultorio Legal de la Facultad de Derecho. Allí, Juan Ceretta les recomendó no pagar hasta que esté levantada la clausura, ya que los administradores no están cumpliendo con su obligación de mantener en condiciones la pensión.

Quienes explotan hoy el negocio aducen que las irregularidades constatadas por la Intendencia no son responsabilidad de ellos sino del propietario al que le alquilan el edificio desde diciembre del año pasado. Ese propietario tenía la pensión registrada ante el Ministerio de Vivienda todavía como un hotel, pese a que ya funcionaba como una pensión.

Pero, además de esto, los administradores pretenden desalojar a los deudores. En la entrada hay un llavero con 43 habitaciones, de las cuales 27 están marcadas en rojo para desalojar a los morosos. Los administradores ya han enviado telegramas a los inquilinos intimándolos a pagar. Pero además han ido al choque con los vecinos para desalojarlos.