San Juan.- El nuevo gobernador de Puerto Rico rechazó el viernes las órdenes de una junta federal de control en el primer choque entre ambos sobre cómo enfrentar la profunda crisis económica de la isla.

Ricardo Rosselló dijo que las exigencias de la junta son inaceptables y difieren grandemente de la visión que él tiene para promover el crecimiento económico, que ha estado estancado durante una década.

"Cualquier plan fiscal basado exclusivamente en una reducción de los estándares de vida, salud y bienestar del pueblo de Puerto Rico a través de recortes a los servicios de salud, reducciones a las pensiones de los que ya están jubilados... y despidos, es, por su naturaleza, inaceptable", afirmó en una carta dirigida a la junta, al tiempo que añadió que está dispuesto a colaborar con ese organismo para alcanzar un "equilibrio aceptable".

El gobierno de Roselló está bajo presión para presentar un nuevo plan fiscal este mes, y también se avecina la expiración el mes próximo de una suspensión temporal de las demandas interpuestas por los acreedores. El gobernador ha solicitado una prórroga en ambos plazos, y la junta dijo días antes que se inclina por concederla.

La junta también le ordenó al gobierno de Roselló que presente un plan que genere 4,500 millones de dólares anuales en ingresos o ahorros hasta 2019. Los integrantes de ese organismo dicen que Puerto Rico debería reformar su sistema fiscal y reducir el gasto en salud y educación superior, así como el tamaño del gobierno, lo cual se lograría en parte con una reducción de los costos de nómina en 30%, entre otras cosas.

"Puerto Rico enfrenta un desafío fiscal abrumador", afirmó la junta. "A menos que se implementen medidas fiscales y estructurales significativas, el gobierno tendrá un déficit fiscal anual promedio de 7,000 millones de dólares desde el año fiscal 2019 al año fiscal 2026".

Esto es adicional a la deuda pública de casi 70,000 millones de dólares que la isla pretende reestructurar. La junta ha dicho que el gobierno debería destinar 800 millones de dólares al año para el pago de servicio deuda, lo cual representaría casi 80% menos de lo necesario para hacer los pagos programados, pero Roselló ha dicho que el gobierno pagará con base en los recursos disponibles en el momento.

El gobernador ha afirmado que está dispuesto a seguir negociando con los acreedores, muchos de los cuales han entablado demandas judiciales tras los impagos en los que cayó el anterior gobierno.

Roselló y otros han criticado a la junta de control por sus demandas, las cuales, dicen, están poniendo demasiada presión sobre una economía tambaleante. En los últimos años, más de 200,000 puertorriqueños han decidido dejar la isla y radicar en Estados Unidos debido a esa situación.

El economista Vicente Feliciano dijo que, si se implementan las exigencias de la junta, la economía local podría contraerse hasta en 16% en el peor de los casos.

"Ése es el tipo de contracción que se produce en una guerra civil o una epidemia de ébola", afirmó en una entrevista telefónica. "Las propuestas son extremas".

Indicó que, aunque se requieren ajustes de gran envergadura, la junta y el gobierno de Roselló necesitan alcanzar un consenso: "Cualquier renegociación de la deuda en estos momentos es un desperdicio de tiempo".

La junta emitió un comunicado en el que dijo que estudia la carta de Roselló y respondería posteriormente.

El gobernador ya ha tomado varias medidas para ayudar a contrarrestar la crisis financiera del gobierno, incluida la firma de órdenes ejecutivas para reducir el gasto por agencia en 10%, así como ordenar un recorte de 10% en los contratos de servicios profesionales. La junta ya había dicho anteriormente que esas medidas son insuficientes.

"Debemos ser francos y enfatizar que, para acercarnos a un equilibrio fiscal, se requerirá hacer mucho más que las medidas que su gobierno ya ha tomado", afirmó la junta, la cual fue creada el año pasado después de que el presidente Barack Obama implementó un paquete de rescate para Puerto Rico.